El saqueo podría ser castigado con hasta cinco años de cárcel en Chile. Según esta posible regulación, aquella acción será considerada un delito cuando se contribuya a la «sustracción o destrucción» en establecimientos comerciales o industriales
Chile – El Senado chileno aprobó ayer lunes el proyecto de la ley «antisaqueos», que endurecerá las penas para los actos considerados como vandalismo, mientras ese país sudamericano atraviesa un fuerte estallido social desde mediados de octubre, con grandes protestas para modificar el modelo económico.
La normativa todavía debe ser ratificada en la Cámara de Diputados después de haber tenido pequeñas modificaciones. En el proyecto se estipula desde 61 a 541 días de prisión para quienes interrumpan el tránsito «mediante violencia o intimidación en las personas».
Además establece que, el saqueo podría ser castigado con hasta cinco años de cárcel. Según esta posible regulación, aquella acción será considerada un delito cuando se contribuya a la «sustracción o destrucción» en establecimientos comerciales o industriales.
Por otro lado, si el contexto es de «calamidad pública», o se presenta un desastre natural, la privación de la libertad podría ser mayor. Asimismo, los protestantes que arrojen objetos contundentes se enfrentan a una pena de tres años, como máximo.
Piñera celebró la aprobación parcial
El proyecto, que había sido propuesto por el Ejecutivo, ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 25 de noviembre, bajo el título: «Modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables».
Tras semanas de tratamiento, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, mostró su conformidad en Twitter con la reciente aprobación de los senadores.
«Recuperar la seguridad de las familias y la paz social requiere una fuerte voluntad de nuestros parlamentarios», escribió.
Críticas
El proyecto también despertó duros cuestionamientos desde la oposición, que se manifestaron en las bancas parlamentarias durante el debate legislativo.
Unas de las voces más resonantes fue la del senador Alejandro Guillier, representante de la Región de Antofagasta, quien votó en contra.
«Ante un estallido profundo, la respuesta del Gobierno será la prisión. Lo que se busca no es hacerle frente al saqueo, se quiere llegar a marzo teniendo mecanismos de represión más violentos y meter a la cárcel a quienes salgan a protestar o a manifestarse», dijo Guillier.
En ese tono, concluyó «no estoy disponible para dar más facultades represivas a un Gobierno que viola los derechos humanos».
No estoy disponible para dar más facultades de represión a un gobierno que viola los derechos humanos. Lo que buscan con la mal llamada ley antisaqueos es amparo para reprimir con más violencia en marzo y criminalizar la protesta social. Al igual que en diciembre, voto en contra. pic.twitter.com/0nDE9cXYl1
— Alejandro Guillier (@guillier) January 13, 2020
Por su parte, el abogado del partido Revolución Democrática, Matías Silva Alliende, le dice a al portal de noticias RT que «el Ejecutivo quiere usar el derecho penal como reacción ante un estallido de carácter político y social». Asimismo, ese docente universitario considera que «se criminaliza la protesta».
El magíster en Derecho Constitucional, presentó hoy martes con el Frente Amplio una querella contra Piñera por violaciones a los derechos humanos.
El coumento subraya que se trata de «la utilización de una herramienta que el ordenamiento jurídico chileno ya tiene sancionado» y insistió que «el presidente da una respuesta desde el punto de vista criminal, pero no se hace nada con la crisis».
Desde su rol académico, Alliende reiteró que «el derecho penal debe servir para regular la conducta de personas que cometen delitos, no para usarla contra el enemigo».
Además, criticó que «lo único que hizo el Gobierno fue llenar Plaza Italia de carabineros y no dar cumplimiento a su agenda social».
«El derecho penal se pensó para aplicar sanciones que sirvan para la reinserción social, pero eso no está en el Gobierno. Ellos usan a un sujeto, que denominan como ‘encapuchado’, que sería el único que interviene en las protestas sociales, y lo transforman en un adversario», finalizó.
Imputaciones y prisión preventiva por saqueos
El mismo día en que el Senado aprobó la norma desde el Congreso de Valparaíso, la Fiscalía de Chile confirmó 11 imputaciones por presuntos «robos en locales comerciales no habitados bajo la modalidad de saqueos», aparentemente ocurridos entre el 20 de octubre y 13 de noviembre en la ciudad de Valdivia, una urbe sureña con gran número de estudiantes.
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A su vez, el pasado viernes las autoridades ordenaron prisión preventiva para un individuo acusado de incendiar la estación San Pablo del metro de Santiago, el suceso se produjo el 19 de octubre, en los primeros días de la revuelta social.
Foto: Agencia
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