Minera Poderosa señaló que el gobierno debe replantear su estrategia para enfrentar la delincuencia y así garantizar la captura de los criminales que operan en Pataz
Tras casi una semana de los primeros reportes del secuestro de 13 mineros en Pataz, región La Libertad, se confirmó que todas las víctimas fueron encontradas sin vida en el interior de un socavón. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno peruano no ha hecho un pronunciamiento oficial, tampoco la presidenta Dina Boluarte ha hablado al respecto.
La confirmación coincide con la difusión de un vídeo difundido en redes sociales, presuntamente grabado por los secuestradores, en el que se ve cómo cada uno de los mineros secuestrados era ejecutado por sus captores con disparos a quemarropa.
Lea también: Perú: Presentan denuncia constitucional contra Castillo
Todos fueron encontrados en el mismo lugar, según las familias de las víctimas, los cuerpos estaban ahí desde hace varios días.
Los 13 hombres fueron identificados como trabajadores que habían sido contratados por la empresa R&R, cuyo dueño es un minero artesanal que realiza trabajos formales y legales en la zona para la minera Poderosa, una de las principales compañías de extracción de oro en la provincia y que también fue blanco de ataques por parte de mineros ilegales que buscan el control de la zona.
El alcalde de Pataz indicó esta mañana que se reunirá con la presidenta, ya que tenían una reunión programada con Boluarte desde hace varias semanas, y anunció también que irán a un paro indefinido este 5 de junio ante la falta de acción del gobierno, Congreso y Ministerio del Interior.
El sospechoso principal de la masacre es Miguel Rodríguez Díaz, alias «Cuchicho», que habría exigido por los rehenes un rescate de cuatro millones de soles. Se cree que Díaz maneja una organización criminal que opera en el departamento de La Libertad, al que pertenece la provincia de Pataz, a la que se atribuyen otros actos criminales que también dejaron víctimas mortales.
Reacciones ante el suceso de los 13 mineros
La masacre tuvo lugar en medio del estado de emergencia vigente en la provincia de Pataz, decretado el 24 de febrero tras diversos atentados vinculados a la minería ilegal y a mafias del crimen organizado.
El Ministerio del Interior emitió el domingo un comunicado informando que se ha dispuesto el despliegue inmediato de equipos de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, divisiones especializadas de Investigación de Secuestros y Extorsiones y de Investigaciones de Homicidios de la PNP.
«Nuestros agentes de élite están plenamente facultados para hacer uso de los armas de fuego si las circunstancias lo ameritan», declaró en el comunicado.
El caso de los 13 mineros también ha motivado que un grupo de congresistas esté promoviendo una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriazén.
«El secuestro y asesinato impune pone en evidencia la total desubicación política y ausencia de empatía mínima del premier Adrianzen. Su censura inmediata debe iniciar un Gobierno de transición y salida política Ad portas elecciones transparentes 2026», escribió en su cuenta de Roberto Sánchez, congresista y presidente de la bancada Juntos por el Perú. Según Sánchez, se ha reunido 20 de las 33 firmas necesarias para presentar formalmente la moción de censura, mientras sostiene que una o dos jornadas alcanzarán el total de firmas requeridas.
La Minera Poderosa también comentó sobre la situación, señalando que hay que hacer un llamado urgente al gobierno para que replantee su estrategia para luchar contra el crimen y lograr la captura de los delincuentes que operan en Pataz.
Comente