Rafael Spottorno utilizó aparentemente de forma fraudulenta 330.000 dólares de una entidad bancaria que el gobierno reflotó, junto a otras, con más de 25.000 millones de euros.
Un nuevo escándalo financiero sacude los pilares de la Casa Real de España. Rafael Spottorno, exjefe de esa institución y ya también exconsejero privado del actual monarca, Felipe VI, supuestamente ha utilizado de forma fraudulenta más de 260.000 euros (algo más de 330.000 dólares al cambio oficial en Europa) de una de las cajas de ahorro españolas «reflotada» con más de 25.000 millones de euros por la crisis económica que atravesaba la entidad.
Las denominadas «tarjetas de crédito opacas» o «negras» no tributaban a la hacienda pública española y su uso era exclusivamente para «gastos de representación». Sin embargo, una investigación de la Agencia Tributaria de España –un organismo similar al Seniat- desveló que el exjefe de la Casa Real de España con Juan Carlos I alteró el objetivo de esas tarjetas y, en vez de usarlas para el fin con el que se le concedieron, era empleada para cuestiones privadas y personales.
Rafael Spottorno no es el único que hizo un uso aparentemente doloso de esas «tarjetas de crédito opacas». Junto a él hay otros 86 consejeros de Caja Madrid y de Bankia, entidades de ahorro que necesitaron una inyección económica del Gobierno de España y de la Unión Europea para poder subsistir.
Escándalo judicial
Entre 2003 y 2011, los consejeros de Caja Madrid gastaron 15,5 millones con tarjetas opacas. El escándalo se destapó el miércoles 1 de octubre cuando se publicó un informe del juez anticorrupción de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, quien se ha incorporado al «caso Bankia».
El documento revela que 86 consejeros y directivos de la antigua caja tenían tarjetas de crédito opacas. Con estas tarjetas, entregadas a los 65 consejeros que ha tenido Caja Madrid desde 2003 y a la veintena de altos cargos de Bankia desde su creación en 2011 hasta 2012, se gastaron 15,5 millones de euros entre 2003 y mayo de 2012.
El exjefe de la Casa del Rey Juan Carlos I, Rafael Spottorno, presentó ayer su dimisión como consejero privado de Felipe VI tras reunirse en privado con el actual monarca en su despacho del Palacio de la Zarzuela. El antiguo directivo de la Fundación Caja Madrid no tuvo cargo alguno en la entidad bancaria pero sí formó parte de la lista de beneficiarios de las tarjetas B a cargo del banco.
Afirma que el uso fue correcto.
Según la nota hecha pública por el dimisionario, «en ningún momento hizo un uso indebido de dicha tarjeta», lo que no le ha impedido presentar su renuncia al cargo para no dañar la imagen de la Corona, especialmente empeñada ahora en trasladar una imagen de transparencia y austeridad.
Felipe VI fue proclamado Rey de España el 19 de junio de este año. A este escándalo económico hay que añadir que le queda todavía la resolución que adopte la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca sobre su hermana, la Infanta Cristina de Borbón, y la de su esposo, Iñaki Urdangarin, por su supuesta implicación en delitos de corrupción.
El caso de las tarjetas b pone los pelos de punta a partidos, sindicatos y CEOE
El escándalo de las tarjetas B de Caja Madrid ha conseguido ayer, tras el auto del juez de la Audiencia Nacional en el que citaba como imputados a Blesa, Rato y Barcoj, enervar a los partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales. Todos ellos se apresuraban a tomar medidas o al menos a responder ante hipotéticas acusaciones.
A temblar todos
Luego que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu llamó a declarar como imputados a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al ex director general de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj el próximo jueves 16 de octubre tras el escándalo de las tarjetas opacas.
Inmediatamente, el ministro de Economía, Luis de Guindos, negaba haber avisado al exministro y expresidente de Bankia Rodrigo Rato antes de que el FROB enviara el caso de las tarjetas opacas a la Fiscalía, para que pudiera devolver el dinero gastado.
El PP anunciaba que pedirá explicaciones a un total de 16 afiliados de la formación que están implicados en el presunto uso fraudulento de las tarjetas opacas de Caja Madrid, después de que el partido haya acordado abrir un expediente informativo. Entre los afiliados se encuentra el exministro, exdirector gerente del FMI y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.
Del total de 86 directivos y consejeros de Caja Madrid que utilizaron presuntamente esas tarjetas para gastos personales por valor de más de 15,2 millones de euros entre los años 2003 y 2012, un total de 28 fueron nombrados a propuesta del Partido Popular. Sin embargo, el PP solo puede tomar medidas contra aquellos que tienen carnet del partido y, según las mismas fuentes, la cifra se reduce a 16.
Por su parte, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, aseguraban que si se demuestra que los consejeros de Caja Madrid vinculados a los sindicatos utilizaron de forma irregular las tarjetas B, se devolverá el dinero.
En declaraciones a los medios, Toxo ha dicho que la «exigencia» de la decisión que se tome «tendrá que ver con las aclaraciones que se hagan y en qué se han utilizado esos recursos, si ha sido o no en beneficio propio».
El secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, ha anunciado que el sindicato tramita ya la expulsión de militancia del que fue su líder histórico, José Ángel Fernández Villa, tras publicar El País que la Fiscalía Anticorrupción investiga el origen 1,4 millones de euros que el dirigente minero regularizó en la amnistía fiscal del 2012.
Además, el presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE, Jesús Terciado, ha explicado que la patronal ha considerado oportuno investigar el uso de sus tarjetas internas durante los últimos cuatro años, tras la «alarma social» provocada por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid.
En declaraciones a los medios, Terciado ha aclarado que se trata de tarjetas legales para gastos de representación por los que se tributa a Hacienda, pero que en la patronal se ha creído conveniente auditar el uso que se les ha dado.
Fotos: Agencias
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