«Nuestras organizaciones han estado monitoreando de cerca el cierre del espacio cívico y los ataques a la prensa independiente en El Salvador y están profundamente preocupadas por el creciente clima de miedo que amenaza las libertades en el país», agrega la declaración consensuada de manera urgente las ONG
Seis organizaciones humanitarias (ONG), internacionales denunciaron este lunes 19 la detención de Ruth López, destacada defensora de derechos humanos en El Salvador, como parte de una escalada represiva y autoritaria del gobierno del presidente Nayib Bukele en el país centroamericano.
López, jefa de la unidad Anticorrupción y Justicia de la organización no gubernamental de derechos humanos Cristosal, fue capturada la noche del 18 de mayo, acusada, por la fiscalía general, de corrupción durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
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Para las ONG «resulta alarmante que se desconozca el paradero de la señora López. Las autoridades le han negado el acceso a un abogado y a su familia, lo que genera serias preocupaciones sobre su seguridad y el debido proceso».
«Nuestras organizaciones han estado monitoreando de cerca el cierre del espacio cívico y los ataques a la prensa independiente en El Salvador y están profundamente preocupadas por el creciente clima de miedo que amenaza las libertades en el país», agrega la declaración consensuada de manera urgente.
La suscriben Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación Internacional de Seattle y el Grupo de Trabajo Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos.
Las seis ONG indicaron que López «es una destacada abogada que ha denunciado violaciones de derechos humanos y corrupción durante el gobierno de Bukele», y que en 2024 fue incluida en la lista de las 100 mujeres influyentes e inspiradoras del mundo según el servicio de radiotelevisión británica BBC.
Expusieron que en El Salvador «el autoritarismo ha aumentado en los últimos años, ya que el presidente Nayib Bukele ha socavado las instituciones y el Estado de derecho, y ha perseguido a organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes».
Indicaron que «nuestras organizaciones han estado monitoreando de cerca el cierre del espacio cívico y los ataques a la prensa independiente en El Salvador y están profundamente preocupadas por el creciente clima de miedo que amenaza las libertades en el país».
Señalaron que el estado de excepción que rige en El Salvador desde marzo de 202 «no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas».
Mediante el estado de excepción el gobierno de Bukele ha desarrollado una política de «mano dura» policial y militar contra las pandillas, en la que destaca la reclusión en una cárcel de máxima seguridad, Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), de decenas de miles de delincuentes o sospechosos de serlo.
También ha prestado el Cecot para recluir a más de 200 migrantes venezolanos deportados en marzo desde Estados Unidos, por acuerdo entre los presidentes Bukele y Donald Trump.
Amnistía Internacional denunció que en respuesta a los conflictos sociales que surgieron durante las dos primeras semanas de mayo, «el gobierno ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico».
A una protesta de los transportistas el gobierno respondió con la detención de 16 de esos trabajadores, uno de los cuales falleció mientras estaba bajo custodia.
Otra protesta, de unos 300 pobladores de la comunidad El Bosque, por un problema de propiedad de tierras, y que pretendía llegar hasta la casa del mandatario, fue reprimida con excesiva fuerza, según Amnistía. Se detuvo a un pastor de la Iglesia Elim, José Ángel Pérez, y al ambientalista Alejandro Henríquez.
Después de esas acciones, Bukele anunció que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros que impondría un impuesto de 30 % sobre las donaciones que reciben organizaciones no gubernamentales, bajo el argumento de que manipulan a la población.
Amnistía expuso que, de concretarse, esa norma «constituiría un nuevo y grave ataque contra el espacio cívico y el derecho a defender derechos, al debilitar la labor de las organizaciones que actualmente acompañan a las constantes y numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos en el país».
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