La fiscalía de México abrió una investigación contra el expresidente, Peña Nieto, por posibles «operaciones con recursos de procedencia ilícita»
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, Pablo Gómez, reveló este jueves 07 de julio que «La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación».
La UIF «detectó un esquema» donde el expresidente Enrique Peña Nieto «obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales» por un monto total de 26 millones 1.429 pesos (poco más de 1,25 millones de dólares), señaló en rueda de prensa.
Tras esta indagatoria, entregó una denuncia a la FGR «por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita».
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Transferencias hechas por una familiar
«Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques», detalló Gómez.
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos cada una (más de 241.500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.
La familiar del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez.
¿Vínculos con empresas con irregularidades fiscales?
Además, la UIF detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con «irregularidades fiscales y financieras».
«No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento», añadió Gómez.
Los jueces y el Ministerio Público establecerán si hubo un delito.
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