Postulado por Lula, el fiscal Paulo Gonet está al frente del Ministerio Público Federal desde diciembre de 2023 y, si recibe el aval del Senado, su mandato se extenderá por dos años más, según confirmaron fuentes del organismo
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, renovó en el cargo al fiscal general Paulo Gonet, quien lidera la acusación por golpismo contra el exmandatario Jair Bolsonaro, cuyo juicio empezará el 2 de septiembre, informaron este miércoles fuentes oficiales.
Postulado por Lula, el fiscal Paulo Gonet está al frente del Ministerio Público Federal desde diciembre de 2023 y, si recibe el aval del Senado, su mandato se extenderá por dos años más, según confirmaron fuentes del organismo.
Gonet ha desarrollado prácticamente toda su carrera en la Fiscalía Federal, a la que ingresó en 1987.
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Como fiscal general de la República, fue responsable de presentar las denuncias contra Jair Bolsonaro y sus aliados, acusados de presuntamente haber orquestado un complot para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en las que Lula se impuso por un estrecho margen.
Para Gonet, Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria por incumplir una serie de medidas cautelares, fue «el principal articulador» de la trama que buscó impedir la investidura de Lula y hasta planeó asesinarlo.
El juicio contra el líder ultraderechista y otros siete acusados, entre los que se encuentran antiguos ministros y militares de alto rango, empezará a partir del 2 de septiembre en la Corte Suprema y Gonet ya se ha mostrado a favor de condenar a los mismos.
La causa también ha estado marcada por las injerencias del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quien considera a Bolsonaro víctima de una «caza de brujas».
En este contexto, la Administración de Trump revocó el visado a varios jueces del Supremo y al propio Gonet, además de imponer un arancel del 50 % adicional a una parte significativa de las importaciones brasileñas.
Antes de ser fiscal general, Gonet también representó al Ministerio Público en el juicio que, en 2023, suspendió por ocho años los derechos políticos de Bolsonaro por una serie de abusos de poder en los que incurrió durante el proceso electoral de 2022.
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