Los recursos judiciales para la defensa de Lula fueron negados por un tribunal de segunda instancia y se espera ahora la decisión del Supremo para saber si irá a la cárcel o podrá seguir apelando en libertad
Foto: Agencia
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión, sufrió ayer una nueva derrota judicial después de que sus recursos fueran negados por un tribunal de segunda instancia y espera ahora la decisión del Supremo para saber si irá a la cárcel o podrá seguir apelando en libertad.
Los tres magistrados de la octava sala del Tribunal Regional Federal (TRF4) de Porto Alegre desestimaron por unanimidad los recursos presentados por la defensa del ex mandatario, lo que deja a Lula a un paso de la cárcel.
En su sentencia, dictada el pasado 24 de enero, el tribunal de Porto Alegre determinó que el ex líder sindical (2003-2010) fuese preso para cumplir la pena una vez se agotasen las apelaciones en esa corte, aunque la defensa busca nuevos mecanismos judiciales en ese tribunal para posponer la decisión.
Además, la pasada semana, el Supremo blindó a Lula de la prisión hasta el próximo 4 de abril, cuando la máxima corte del país tiene previsto analizar un «hábeas corpus» preventivo presentado por los abogados del ex presidente.
Si el «hábeas corpus» es aceptado por la Corte Suprema, Lula podrá agotar los recursos en libertad, pero si es rechazado, deberá apelar ante instancias superiores entre rejas.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue condenado en primera instancia por el juez Sergio Moro a nueve años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero la pena fue ampliada a 12 años por el TRF4.
Lula fue hallado culpable de recibir unos 700 mil dólares en sobornos de parte la constructora OAS, que se habrían materializado en la reserva y reforma de un apartamento en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo.
Tras el fallo, la defensa del ex presidente entró con un recurso conocido en la jerga judicial como «embargo de declaración», un recurso en el que se solicita un esclarecimiento de la decisión judicial, pero que no puede modificar el contenido.
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