Los republicanos, que tienen mayoría en el Senado de Estados Unidos, impidieron este martes una votación sobre la concesión del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los inmigrantes venezolanos, aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes.
El senador Marco Rubio, republicano por Florida, quien había patrocinado junto al senador Bob Menéndez (demócrata por Nueva Jersey) una versión del proyecto de ley, dijo que el Senado no votará la iniciativa antes de irse a un receso de seis semanas.
Menéndez y su correligionario Dick Durbin, de Illinois, intentaron la aprobación por unanimidad, un procedimiento que permite ahorrarse los trámites en los comités para lograr un acuerdo expedito, pero ese procedimiento falla si un solo senador se opone.
El republicano Mike Lee, the Utah, se opuso al pedido de Menéndez y Durbin para el trámite rápido del TPS, un beneficio al cual se opone la administración del presidente, Donald Trump.
«La aprobación por unanimidad no es la forma en que deberíamos aprobar esta legislación«, argumentó Lee, quien indicó que los senadores necesitan más tiempo para estudiar la propuesta de la Cámara Baja para presentar enmiendas.
Varios legisladores republicanos y funcionarios de la Casa Blanca son renuentes a extender el TPS a los inmigrantes de Venezuela, y al mismo tiempo quieren ponerle fin a los beneficios concedidos a los ciudadanos de otros países.
El jueves pasado, la Cámara de Representantes aprobó la concesión del TPS a los inmigrantes venezolanos.
La propuesta recibió el aval de la Cámara Baja con 272 votos a favor frente a 158 en contra, y fue remitida al Senado.
En Contexto el TPS
Creado en 1990 con fines humanitarios, el TPS es un beneficio migratorio temporal que otorga el gobierno de Estados Unidos a extranjeros presentes en su territorio que no pueden volver a su país de origen por desastres naturales o conflictos armados. «Esta es una legislación que se necesita de forma urgente y que hubiera otorgado una protección temporal, este es un tipo de personas que necesita ser protegido», se lamentó Menendez citando el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que denunció cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela en el último año. «Hubo un contundente voto bipartidista en la Cámara de Representantes», destacó Menendez en su alegato.
Venezuela, gobernada por el presidente Nicolás Maduro cuya salida impulsan Estados Unidos y medio centenar de países, atraviesa una debacle económica sin precedentes en la historia reciente de la región, que según la ONU ha forzado en los últimos años la salida del país de unos 3,7 millones de personas.
La posibilidad de dar un TPS a venezolanos es complicada dada la dura política migratoria del presidente Trump, quien desde que asumió en 2017 ha buscado revocar este beneficio vigente, entre otros, para El Salvador, Honduras y Nicaragua. En una entrevista con la cadena VOA la semana pasada, el emisario de Estados Unidos para la crisis venezolana, Elliot Abrams, se pronunció en contra de la posibilidad de ese estatuto de protección.
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