«¿Por qué el fiscal trabajaba en paralelo con dos objetivos opuestos?», se pregunta el mensaje que lleva la firma «Gobierno de la República Argentina»
Foto: AFP
La principal hipótesis sobre la muerte de Nisman es suicidio, pero la fiscal a cargo de la investigación, Viviana Fein, no descarta el asesinato o suicidio inducido
Buenos Aires — El gobierno argentino difundió ayer un mensaje oficial en el que sostiene que el fallecido fiscal Alberto Nisman «buscaba generar un efecto político desestabilizador con la denuncia por encubrimiento a terroristas», que cuatro días antes de morir, presentó contra la presidenta Cristina Fernández.
«Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar generar un efecto político desestabilizador?, cuestiona el ejecutivo, en un texto difundido ayer miércoles en los principales diarios locales.
El gobierno reafirmó así su compromiso con el esclarecimiento del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994, apoyándose en las razones apuntadas por el juez Daniel Rafecas para desestimar la denuncia de Nisman en un dictamen emitido el pasado 26 de febrero.
Lo sucedido
Nisman, fiscal especial de la causa AMIA, murió el pasado 18 de enero, de un disparo en la sien en circunstancias aún no aclaradas, cuatro días después de haber denunciado a Fernández y a varios colaboradores por presuntamente haber negociado con Irán el encubrimiento de sospechosos a cambio de intensificar relaciones comerciales.
Nueva apelación
Un fiscal argentino que retomó la denuncia de su colega fallecido Alberto Nisman, apeló ayer el fallo de un juez que rechazó por inconsistente la acusación contra la presidenta Cristina Kirchner de encubrir a iraníes por un atentado antisemita en 1994.
La apelación fue presentada por el fiscal federal argentino Gerardo Pollicita ante el despacho del mismo juez —Daniel Rafecas—, quien el jueves pasado desestimó la denuncia que sacude el escenario político argentino desde el 14 de enero pasado.
En un escrito de 35 páginas, Pollicita plantea que «frente a un acontecimiento como este, la ley manda que para tranquilidad y seguridad de todos (denunciantes, magistrados, imputados, interesados) se cumplan con reglas que permitan una investigación más exhaustiva.
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