Gabriella Citroni, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, envió el 11 de junio una carta a Martin Rosenow, abogado defensor de Caraballo en donde le informó que han empezado a examinar su caso y que han notificado al gobierno salvadoreño
Un equipo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha iniciado las investigaciones sobre la situación de al menos uno de los 250 migrantes venezolanos que fueron enviados de Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.
Uno de los casos principales, —que ha sido calificado como una «desaparición»—, se trata de Franco José Caraballo, quien fue uno de los migrantes que subió al avión desde Texas, junto a otros 230 venezolanos, el pasado 15 de marzo.
Gabriella Citroni, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, envió el 11 de junio una carta a Martin Rosenow, abogado defensor de Caraballo en donde le informó que han empezado a examinar su caso y que han notificado al gobierno salvadoreño.
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«El Grupo de Trabajo expresó su deseo de que se llevaran a cabo las oportunas investigaciones para poder esclarecer la suerte y paradero de la persona desaparecida y proteger sus derechos», expresó Citroni.
A finales de abril, el gobierno federal pidió al juez de inmigración que desestimara el caso de asilo de Caraballo, debido a su ausencia en Estados Unidos. El juez aceptó esta solicitud. Rosenow ha comentado que apeló esta decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
La organización Together and Free, que apoya a las familias afectadas, estima que más de una docena de casos similares también fueron cerrados por jueces tras las peticiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Abogado denunció la falta de información sobre el paradero de Caraballo tras deportación
Durante una entrevista con Univision Noticias, el abogado destacó que la última vez que tuvo información sobre Caraballo fue el 14 de marzo, cuando en horas de la noche llamó a su esposa entre lágrimas para informarle que iba a ser deportado a Venezuela.
«No tenía idea de que lo iban a enviar a El Salvador. Cuando me enteré que lo habían subido a un avión ese viernes, pensé: ‘No puede ser que lo estén deportando, porque él aún tiene su proceso pendiente y legalmente no puede ser deportado sin una orden’», expresó Rosenow.
El abogado había explicado a la familia que probablemente sería trasladado a otro centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, al intentar localizarlo en el sistema online del ICE para detenidos (ICE locator), no encontraron ningún registro sobre él. Esto coincidió con el momento en que los aviones ya estaban en ruta hacia El Salvador.
ONU investiga desapariciones forzadas y deportaciones ilegales desde Estados Unidos
El Grupo de Trabajo de la ONU, a cargo del caso de Franco Caraballo y de otros venezolanos expulsados por Estados Unidos hacia El Salvador, confirmaron que durante su última sesión en Tailandia, entre abril y mayo de 2025, revisaron 125 casos reportados relacionados con desapariciones forzadas en varios países, incluyendo El Salvador
. Además, señalaron que se había entregado un informe situacional sobre las «deportaciones ilegales desde Estados Unidos» al gobierno salvadoreño.
Por otro lado, subrayaron que en enero de 2024 habían presentado un documento al gobierno estadounidense con acusaciones «alarmantes» provenientes de diversas fuentes respecto a la «desaparición forzosa de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo», incluyendo mujeres, niños y personas con discapacidad mientras estaban bajo custodia de diferentes agencias federales como la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el primer contacto para los migrantes al llegar a la frontera.
«Los mantienen bajo detención sin posibilidad de comunicarse durante días, privándolos de la protección legal y de sus derechos fundamentales. No se aseguran de que sus familias, representantes legales y otras personas con un interés legítimo puedan acceder a información sobre sus destinos y paraderos», se menciona en el informe.
Acusan a Caraballo de ser miembro del Tren de Aragua por sus tatuajes
En cuanto al paradero de Franco Caraballo, ni el gobierno estadounidense ni el salvadoreño han proporcionado información a su abogado y su familia, lo que indica que probablemente lo trasladaron al Cecot, especialmente después de que CBS News publicara el 20 de marzo una lista con los nombres de los inmigrantes enviados por Estados Unidos a El Salvador.
La sospecha se fortalece porque, dos días después cuando el gobierno presentó la planilla I-213 ante la corte de inmigración. En donde, argumentaron que debido a sus tatuajes lo habían catalogado como «miembro activo del Tren de Aragua». Sin embargo, no dieron más detalles de lo que se le acusa.
Ante esto, Martin Rosenow, dedujo que Caraballo fue deportado a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, y no desestimó la posibilidad de que pueda estar «sufriendo una forma penal injusta, inusual, casi que una tortura».
Estas acciones ha sido calificada por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados y jueces como «ilegales», «inconstitucionales» y como una «violación del debido proceso», debido a que ninguno de los venezolanos enviados a El Salvador, tuvo la oportunidad de defenderse contra estas acusaciones.
OHCHR denunció deportaciones forzadas que violan derechos humanos y debido proceso de los venezolanos
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) expresó en un comunicado el 30 de abril su preocupación por cómo se había llevado a cabo el envío forzado de venezolanos y salvadoreños a El Salvador bajo esta ley. Señalaron que parecía aplicarse incorrectamente para obstruir el debido proceso y limitar el acceso a tribunales, violando el derecho internacional:
«Las deportaciones fueron aparentemente ilegales bajo la legislación estadounidense y equivalen a expulsiones arbitrarias e ilegales según las normas internacionales», expresaron.
A su vez, la OHCHR también denunció —al igual que los familiares afectados— que los detenidos desconocían su destino final. Sus seres queridos no han recibido información al respecto, y ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han hecho públicos los nombres ni la situación legal de estas personas.
Han pasado tres meses desde que enviaron a los venezolanos a El Salvador. Las familias y abogados continúan sin noticias sobre su situación y sin acceso ni siquiera a una llamada telefónica. Muchos han confirmado la retención de sus esposos o hijos gracias a videos propagandísticos compartidos por el presidente Nayib Bukele o políticos republicanos que lograron ingresar al Cecot.
Venezolanos, atrapados sin acceso a defensa legal
El caso de Caraballo, así como el de otros venezolanos se ha visto complicado debido a que no puede pedir ayuda al gobierno venezolano dado a que él huyó de su país por apoyar a la líder opositora María Corina Machado.
Distintos voceros del gobierno de Trump han asegurado que los venezolanos en el Cecot están bajo la autoridad de El Salvador, aseveración que ha sido criticada por abogados, organizaciones y políticos que argumentan que la custodia sigue estando en manos de Estados Unidos, al asegurar que es el gobierno de Donald Trump quien paga por su manutención, y que siendo así tienen la autoridad de devolverlos para continuar con sus procesos migratorios o ser deportados a Venezuela.
Pero ni siquiera las órdenes de un juez federal y de la propia Corte Suprema han movido al gobierno a explicar cómo podrían permitirles impugnar las acusaciones en su contra o sus detenciones.
«Franco no tiene derecho a nada. No puede hablar con su familia, no tiene acceso legal, no puede defenderse de las acusaciones graves que han hecho sobre él. Franco está en tierra de nadie», argumentó el abogado.
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