«Todas las notificaciones enviadas a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a través de su cuenta en línea del USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) informándoles que su permiso de trabajo está siendo revocado sin una revisión caso por caso (…) quedan suspendidas a la espera de una nueva orden judicial», se lee en el documento de la jueza federal Indira Talwani
La jueza federal Indira Talwani bloqueó temporalmente este lunes la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar los beneficios migratorios a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que se acogieron al programa de parole humanitario.
La magistrada ya había anunciado la semana pasada que tomaría esta medida contra la decisión del Ejecutivo, que establecía el fin de esta protección a partir del próximo 24 de abril.
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«Todas las notificaciones enviadas a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a través de su cuenta en línea del USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) informándoles que su permiso de trabajo está siendo revocado sin una revisión caso por caso (…) quedan suspendidas a la espera de una nueva orden judicial», se lee en el documento de la jueza.
Talwani señaló que el gobierno demócrata no ha demostrado ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a los migrantes a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un período específico a salir o a obtener un estatus indocumentado».
«Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias», agregó.
Este fallo detiene temporalmente las intenciones de la administración republicana, que quería eliminar estos beneficios migratorios a partir del 24 de abril, afectando a más de medio millón de migrantes, quienes habrían perdido sus permisos laborales, dejándolos sin estatus legal ni opciones para evitar su expulsión del país.
La anulación del parole fue anunciada en marzo en una notificación publicada en el Registro Federal y vista como parte de una estrategia para asegurar la frontera y romper con el «círculo vicioso» de la inmigración irregular.
Más de 500.000 migrantes se verían afectados por regulaciones de Trump
El programa, instaurado durante la presidencia de Joe Biden, permitió a más de 531.000 personas de esos países ingresar a la nación norteamericana por vía aérea siempre que tuvieran un patrocinador financiero, compraran su propio pasaje y superaran controles médicos y de antecedentes.
Se estima que en total 110.240 cubanos, 211.040 haitianos, 93.070 nicaragüenses y 117.330 venezolanos ingresaron a Estados Unidos desde el lanzamiento del programa en enero de 2023 hasta diciembre de 2024, estableciéndose en el sur de Florida, donde residen y laboran.
Los abogados que representan a los demandantes -un grupo compuesto por una docena de beneficiarios del programa que interpusieron una demanda colectiva- habían advertido que permitir que las medidas del gobierno republicano entraran en vigor causaría un daño «irreparable» y a «una escala asombrosa», exponiendo a miles de personas respetuosas de la ley a deportaciones inmediatas sin posibilidad de trabajar legalmente.
El DHS argumentó en documentos judiciales que el programa ya no cumplía con los criterios de «beneficio público significativo» ni «necesidad humanitaria urgente», además de contribuir al colapso del sistema migratorio, especialmente en los aeropuertos de Florida, donde alrededor de 80% de los migrantes llegan.
Sostuvieron que al menos 75.000 beneficiarios del parole habían solicitado asilo, lo cual consideraban un factor que aumentaba los retrasos procesales.
Recientemente, el gobierno ha comenzado a promover la autodeportación voluntaria entre los beneficiarios, animándolos a notificar su salida del país mediante una aplicación móvil de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Se advierte que aquellos que no hayan iniciado otros trámites migratorios -como asilo, TPS o ajuste de estatus- antes del anuncio en el Registro Federal serán considerados prioridad para la deportación.
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