El juez James Boasberg dio plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan para permitir que los inmigrantes regresen a Estados Unidos o se les permita defender su caso frente a un juez
Un juez federal dictaminó que el Gobierno del presidente Donald Trump negó el debido proceso a cerca de 200 venezolanos que deportó a una prisión de alta seguridad en El Salvador y ordenó que se les dé la oportunidad de tener una audiencia.
El juez James Boasberg dio plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan para permitir que los inmigrantes regresen a Estados Unidos o se les permita defender su caso frente a un juez.
El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador en marzo pasado impugnen su designación como enemigos extranjeros de EE. UU.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para enviar a El Salvador a los inmigrantes a los que acusó, sin presentar pruebas, de que pertenecían al Tren de Aragua, una banda criminal transnacional designada como una organización terrorista.
«Este Tribunal declara que los demandantes no deberían haber sido expulsados de la manera en que lo fueron, prácticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar los fundamentos de su expulsión, en clara contravención de sus derechos al debido proceso», escribió el juez en su dictamen que supone un nuevo revés para el Gobierno Trump.
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