Derechos Humanos registró un total de 76 muertos y 868 heridos en los disturbios, mientras el Gobierno nicaragüense sólo reconoce 18 personas fallecidas
Foto: Referencial
Managua— El diálogo nacional de Nicaragua entró el miércoles en un «impasse», ante posiciones encontradas del Gobierno, que exige suspender los bloqueos de carreteras, y las de una alianza de estudiantes, empresarios y sociedad civil que reclama la previa renuncia del presidente Daniel Ortega.
Durante un receso en los debates televisados en vivo, el obispo de Granada (sur), monseñor Jorge Solórzano, dijo a periodistas que la Iglesia como mediadora del diálogo confía en una pronta solución para que el proceso no fracase, reseñó DPA.
«Esperamos que ambas partes reflexionen y encuentren una salida a este «impasse». Todos son personas maduras y con capacidad de pensamiento y pueden buscar una solución», señaló Solórzano, uno de los cinco obispos de la Comisión de Mediación y Testigos.
Dijo que es preciso que el diálogo iniciado el pasado 16 de mayo «pueda salir adelante y responder a las necesidades del pueblo», tras más de un mes de intensas protestas y sucesos de violencia que han dejado muertos, heridos, detenidos y cuantiosos daños.
El «impasse» inició cuando el canciller Denis Moncada, jefe de la delegación oficial, rechazó una agenda de 40 puntos presentada a debate por los obispos y que propuso destituir a Ortega y a todos los funcionarios del Estado, reformar la Constitución y convocar a elecciones anticipadas, entre otros temas.
«Esta agenda plantea cambiar al Gobierno de Nicaragua al margen de la Constitución», protestó Moncada, que calificó la propuesta como «un golpe de Estado blando» contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
«Aquí el golpe lo ha dado el Gobierno al reprimir al pueblo», replicó a su turno el lider estudiantil Víctor Cuadras. «Esta es una agenda para darle democracia a Nicaragua», acotó su colega Lésther Alemán, también miembro de la alianza opositora.
Moncada y otros representantes de Ortega también exigieron el retiro inmediato de los «tranques» (retenes) colocados por campesinos y estudiantes sobre importantes carreteras en las 16 provincias del país, que los opositores mantienen como presión para la negociación.
Antes de comenzar el debate, la comisión mediadora anunció que rechazó el ingreso de cuatro funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegaron el lunes al país invitados por el Gobierno a «observar» el diálogo.
En una carta dirigida a Ortega y divulgada en la sesión de hoy, los obispos dijeron que sólo permitirán la presencia de una delegación de la OEA si está encabezada por su secretario general, el uruguayo Luis Almagro.
«Se lo hemos comunicado a la Presidencia y esperamos respuesta», dijo el obispo Solórzano. La crisis en el país estalló con una protesta de estudiantes contra una reforma al Seguro Social, que afectaba a miles de trabajadores y jubiladores, pero se extendió y agudizó a causa de la violenta acción de la Policía y paramilitares sobre civiles.
En un reciente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró un total de 76 muertos y 868 heridos en los disturbios, mientras el Gobierno nicaragüense sólo reconoce 18 personas fallecidas
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