El Gobierno de Chile desplegó a mediados de febrero al Ejército en las regiones del norte para combatir el crimen organizado y evitar que migrantes sin papeles cruzaran la frontera
El ingreso irregular de migrantes a Chile disminuyó un 56 % en lo que va de 2023, afirmó este viernes la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante el balance de su gestión a la cabeza de la cartera de seguridad del Gobierno chileno.
«Hemos desarrollado más de mil quinientos operativos, mil patrullajes, sesenta y cinco mil controles a personas por esta presencia de fuerzas armadas que se incorpora y se suma a los esfuerzos que hace Carabineros, la PDI y funcionarios civiles en nuestras zonas fronterizas», describió la secretaria de Estado.
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Tohá destacó el aumento de recursos destinados a enfrentar la crisis migratoria en la zona norte de país, en especial el gasto en equipamiento y tecnologías en los puntos de observación.
«Muchas de nuestras instalaciones fronterizas son francamente precarias, francamente peligrosas, y ofrecen un tipo de habitabilidad que no es apropiada para trabajadores y trabajadoras de la Policía y de las distintas instituciones públicas», señaló.
En lo que va de 2023, el 75 % de los ingresos de migrantes irregulares se han efectuado desde las cercanías de Colchane, un pequeño pueblo en el altiplano árido que hace frontera con Bolivia, donde se han reportado una treintena de personas fallecidas en los últimos meses en su intento de cruzar a Chile.
La localidad, descrita por Tohá como «el paso fronterizo más complicado», también ha visto una reducción en el número de ingresos irregulares con una baja del 63 %.
Asimismo, la ministra sostuvo: «Hemos logrado recuperar el ritmo de ejecución de las expulsiones».
La frontera norte se ha convertido en la puerta de entrada de miles de personas que llegan a Chile huyendo de la crisis económica en sus países, pero también de bandas criminales que aprovechan ese flujo de personas para entrar en el país andino.
El Gobierno de Chile desplegó a mediados de febrero al Ejército en las regiones del norte para combatir el crimen organizado y evitar que migrantes sin papeles cruzaran la frontera por pasos no habilitados, una medida que se alargará un máximo de 90 días, aunque se puede renovar si se evalúa su efectividad.
Actualmente, hay unos 1,4 millones de personas extranjeras residiendo en Chile, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
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