«El ministerio Público informa que, a la fecha, ha iniciado 7 investigaciones preliminares por las muertes de ciudadanos ocurridas durante los actos de protesta a nivel nacional», anunció la Fiscalía de Perú
La Fiscalía de Perú inició este jueves siete investigaciones preliminares por las muertes de manifestantes durante las protestas antigubernamentales desatadas en el país tras el intento fallido de autogolpe de Estado de Pedro Castillo y su sustitución como jefa de Estado por parte de su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
«El ministerio Público informa que, a la fecha, ha iniciado 7 investigaciones preliminares por las muertes de ciudadanos ocurridas durante los actos de protesta a nivel nacional», anunció la Fiscalía de la Nación a través de redes sociales.
Del mismo modo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este jueves que la Fiscalía y el Poder Judicial investigarán las muertes de manifestantes en las protestas y aseguró que no permitirá que haya impunidad.
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«No vamos a permitir impunidad, que se investigue, se individualicen los hechos y la Fiscalía y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles como corresponde», dijo en una rueda de prensa con la Asociación de la Prensa Extranjera en Perú (APEP).
Posteriormente, la presidenta agregó que «no se va a quedar nada impune».
Estas protestas, en algunos casos violentas, le costaron la vida a al menos 28 personas, 5 de ellas menores de edad.
El departamento sureño de Ayacucho fue el más afectado por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, pues, tras el intento de los manifestantes de tomar el Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte, diez personas murieron y más de un centenar resultaron heridas. 
En cuanto al resto de víctimas mortales, seis personas murieron en el departamento sureño de Apurímac, donde comenzaron las protestas el domingo 11; tres en Cuzco; tres en Junín; también tres en La Libertad y dos en Arequipa.
Pese a que en la capital peruana también hubo protestas en favor y en contra del Gobierno de Boluarte, Lima no contabilizó ningún fallecido.
Los manifestantes exigen la destitución de Dina Boluarte, el adelanto electoral, el cierre del Congreso y la creación de una asamblea constituyente para reformar la Constitución peruana promulgada en 1993 durante el mandato de Alberto Fujimori.
Durante las protestas, la Policía Nacional de Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), que salieron a las calles tras la aprobación del estado de emergencia, denunciaron el uso de explosivos y armas caseras utilizados por algunos manifestantes en ciudades como Andahuaylas.
Estos hechos, sumado a los destrozos de la propiedad privada y pública, motivó al ministerio Público a iniciar «indagaciones» contra los responsables de los disturbios.
«Asimismo, se dispuso el inicio de indagaciones, contra quienes resulten responsables, por los disturbios registrados, en diversas regiones, que atentaron contra la vida y derechos de las personas, así como la propiedad pública y privada», concluyó la Fiscalía.
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