Sobre los hombros del exgerente de Metrovivienda, caían nueve procesos fiscales que ascendían a la cifra de $50.586.541.805
Metrovivienda, la empresa industrial y comercial de la Alcaldía Mayor de Bogotá que se encarga de promover “la construcción y adquisición de vivienda de interés social en la ciudad, con el propósito fundamental de garantizar a los sectores más vulnerables y desfavorecidos”, está en el centro de la atención por cuenta de su exgerente Nicolás Corso Salamanca, imputado por la Fiscalía General de la Nación por haber cometido el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Lea también: Colombia: Gustavo Petro es elegido precandidato presidencial de la Unión Patriótica
La noticia se dio a conocer este martes por la Fiscalía, que aseguró que durante la gerencia de Corso se presentaron irregularidades con un convenio avaluado en más de $9.600 millones, lo que generó que un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá le imputará cargos a Corso Salamanca.
El contrato por el que se le investiga data del 7 de noviembre de 2013, fecha en el que fue inscrito y que estaba directamente relacionado con la Asociación para la Vivienda Popular Simón Bolívar que, se presumía en ese entonces, tendría un valor exacto de $9.649.785.600.
“El convenio tenía por objeto aunar esfuerzos que conlleva al desarrollo del predio denominado Usme II- Idipron, con el fin de asegurar su destinación para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario, en un plazo de 30 meses”, explicó la Fiscalía a través de su página web.
Nicolás Corso, que negó ser culpable de los cargos de los que se le imputan, afronta otra investigación en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación, en julio de este año, el ente de control aseguró que Corso y Liliana María Ospina Arias eran objeto de investigación por su parte respecto a irregularidades en la celebración de contratos que involucran la polémica reapertura de la Fundación San Juan de Dios durante la administración local de Gustavo Petro.
Según la Procuraduría, los dos funcionarios habrían pactado contratos de promesa de compraventa y arrendamiento con opción de compra del San Juan de Dios que, involucrarían recursos de la ciudad que llegaban a un valor de $7.750 millones.
Así mismo, la investigación, que todavía sigue en pie, asegura que se busca establecer si se suscribieron contratos y un convenio interadministrativo que involucran la cantidad de $9.755 millones que, supuestamente, estarían destinados para mejorar las instalaciones del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil.
En febrero de 2018 la Personería de Bogotá inhabilitó a Nicolás Corso, en primera instancia, durante un periodo de diez años, tras ser acusado de una compra irregular de un predio de $8.000 millones que, según señaló la investigación, sería utilizado para la adecuación de 64 apartamentos de familias que, en ese entonces, vivían en la avenida caracas con calle 25.
Según la expersonera de Bogotá, Carmen Teresa Catañeda, la compra de los predios le había significado a la ciudad una alta pérdida de recursos, “como faltaron los estudios técnicos debían hacerse unos reforzamientos al edificio por que el inmueble no fue comprado en su totalidad sino a partir del tercer piso, y había que hacerle adecuaciones”, aseguró en ese entonces.
En 2015, cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, el entonces contralor de la ciudad, Diego Ardila Medina, le exigió a Petro que suspendiera a Nicolás Corso Corso Salamanca pues, sobre los hombros del exgerente de Metrovivienda, caían nueve procesos fiscales que ascendían a la cifra de $50.586.541.805.
Según argumentó Medina, hacer uso de ese recurso de aseguramiento en contra de Corso era necesario y, además de eso, según él, existían “razones relevantes para exigir esta medida y garantizar que no se comprometa el interés colectivo ni los bienes del Estado”.
Comente