El fin del TPS revoca de manera inmediata la protección contra deportaciones así como las autorizaciones de empleo otorgadas por razones de emergencia en Venezuela
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció formalmente la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades, advirtiendo que quienes no salgan voluntariamente del país quedarán expuestos a expedientes de expulsión y acciones de ejecución migratoria.
La postura oficial fue comunicada por James Percival, asesor del departamento federal, quien subrayó el carácter tajante de la medida aplicable a los beneficiarios de este amparo.
Plazos y cifras de la población afectada
De acuerdo con los datos del programa, cerca de 600.000 venezolanos se encontraban protegidos bajo esta figura que otorgaba amparo contra la deportación y permiso de trabajo:
- 250.000 personas perdieron la cobertura legal el pasado mes de noviembre.
- 350.000 beneficiarios restantes verán vencer su vigencia el próximo 2 de octubre.
Consecuencias legales y migratorias con el fin del TPS
El fin del TPS revoca de manera inmediata la protección contra devoluciones, así como las autorizaciones de empleo otorgadas por razones de emergencia en Venezuela. Las autoridades federales reiteraron que la permanencia en territorio estadounidense posterior al vencimiento de los plazos fijados dejará a los afectados en situación irregular y sujetos a deportación inmediata.
Junto a los venezolanos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) señaló que los ciudadanos de Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Sudán del Sur, Burma y Somalia están igualmente afectados por la medida.
Ya el viernes, defensores de los inmigrantes advirtieron sobre «el peligro» que supone el reciente cambio a los permisos de viaje otorgados a indocumentados en proceso de legalización o protegidos por ciertos programas, que los expondrían a castigos de inadmisibilidad.
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La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, en inglés), una dependencia del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) emitió una nueva resolución sobre el uso del permiso de viaje, conocido como ‘advance parole’, que se otorga a inmigrantes favorecidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), la Acción Diferida (DACA) o se encuentran tramitando su ajuste de estatus o su petición de asilo.
El fallo en el caso ‘Matter of DelCarmen-Lara’ tendrá un impacto negativo considerable para los inmigrantes que hayan acumulado más de 180 días de presencia ilegal en el país y soliciten un permiso de viaje, lo que les podría acarrear un castigo para permanecer fuera del país de tres a diez años.
El presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, Jeff Joseph, dijo en un comunicado que la decisión revierte catorce años de una política establecida y «pone en peligro» a personas con vidas arraigadas en EE.UU.
“Expone a estas personas al riesgo de ser vetadas de ingresar a Estados Unidos y separadas de sus familias durante años si salen del país e intentan regresar, incluso si han pagado y obtenido el permiso para viajar”, ahonda el abogado.
Los afectados por el fallo no podrán salir del país para visitar a sus familias, asistir a funerales o realizar actividades educativas o laborales fuera de EE.UU. sin exponerse al castigo.
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