Los bloqueos en Bolivia se iniciaron la escasez, el alto precio de los combustibles por la eliminación subsidios y una ley agraria considerada una amenaza para las tierras de los pueblos indígenas
Bolivia se asoma al abismo después de 37 días de protestas. En La Paz, hay desesperación, rabia e incluso hambre; la población está harta de hacer largas filas para cargar combustible o comprar alimentos a precios desorbitados.
En Cochabamba, la cuarta ciudad más poblada de Bolivia, crece el pánico ante los primeros síntomas de desabastecimiento.
En el norte de Santa Cruz, este sábado, el intento de desbloquear una carretera se transformó en el enfrentamiento más violento hasta la fecha entre manifestantes y fuerzas de seguridad respaldadas por vecinos. Un total de 35 personas -16 civiles y 19 policías- resultaron heridas.
Ante el fracaso del diálogo convocado por el presidente Rodrigo Paz, el Gobierno prepara el camino para declarar el estado de excepción. El temor es que la historia de Bolivia se repita, que la intervención del Ejército desencadene un nuevo baño de sangre.
El jueves, el Senado boliviano votó a favor de la norma que da un marco legal al estado de excepción y permite al Gobierno suspender ciertos derechos en aras de restablecer la normalidad. La Cámara de Diputados la convirtió en ley este domingo por la madrugada. Con esa carta en la mano, al Ejecutivo solo le resta publicar un decreto y que la Asamblea Legislativa lo apruebe en el plazo de 72 horas.
En Contexto: Bolivia está paralizada por semanas de bloqueos en las vías
Más de 90 carreteras y cruces de vías urbanas continúan bloqueadas en Bolivia, manteniéndose una fuerte pulseada entre el gobierno del presidente Rodrigo Paz, de centroderecha, y los movimientos obreros, campesinos e indígenas que buscan su renuncia.
Médicos y otros trabajadores de la salud han marchado por las calles de la ciudad de la Paz, sede política del país, en demanda de una «pausa humanitaria» en la confrontación y los bloqueos, para permitir reabastecer los hospitales con medicamentos, insumos y alimentos.
Los movimientos que protestan en las calles afirman que permiten el paso de ambulancias y vehículos de bomberos, pero esas instrucciones se incumplen y se suman dificultes para conseguir combustibles y sortear los obstáculos que bloquean vías en cinco de los nueve departamentos del país.
Las protestas se iniciaron hace cinco semanas contra la situación económica marcada por la escasez y el alto precio de los combustibles tras la supresión de los subsidios, con impacto sobre la cadena de precios mientras el gobierno rehusaba disponer aumentos de salarios.
Una persona murió abaleada cuando la policía enfrentó una protesta en La Paz el lunes 25. Decenas de manifestantes han sido heridos o detenidos.
Paz llegó a la presidencia hace seis meses y tomó medidas para alinear su política económica con el recetario liberal, tras ser gobernado el país durante dos décadas por los presidentes izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luz Arce (2020-2025).
Una nueva ley agraria fue considerada como en favor de la agroindustria y amenaza para sus tierras por pueblos indígenas (cerca de la mitad de los 11,5 millones de habitantes), lo que sumó al descontento primero y luego a la protesta a campesinos, indígenas, mineros, transportistas y otros trabajadores urbanos.
Por otra parte, a las órdenes de detención contra Evo Morales, por abuso sexual de menores, se ha sumado la acusación de impulsar las protestas en forma de levantamiento para tratar de derrocar al nuevo gobierno.
Morales permanece refugiado en su feudo de la región cocalera del Chapare, área que comunica las alturas andinas con las llanuras orientales del país, y ha acusado al gobierno de preparar su asesinato.
Entretanto, la Iglesia católica, el vicepresidente Edman Lara –políticamente distanciado de Paz a los pocos días de iniciado el nuevo gobierno– y la Defensoría del Pueblo continuaban promoviendo el diálogo para tratar de desmontar el conflicto.
Grupos que respaldan al oficialismo y adversan a Morales también han salido a manifestar reclamando el empleo de la fuerza militar para despejar las vías.
Los gremios empresariales calculan que el país ha perdido entre 500 y 600 millones de dólares en exportaciones durante casi un mes de conflicto.
Varios gobiernos del continente han expresado su apoyo a Paz –no así el de Colombia– y Estados Unidos adoptó una postura de firme respaldo, calificando las manifestaciones como un intento de golpe de Estado.
«No permitiremos que los criminales y los narcotraficantes derroquen a los líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio», ha declarado el secretario de Estado en Washington, Marco Rubio.
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