Permitir que los litigantes seleccionen a sus propios jueces socava la confianza pública en la administración de justicia
El Departamento de Justicia ha tomado medidas contra una de las lagunas más problemáticas y explotadas en el sistema judicial estadounidense. Un pequeño grupo de jueces federales en Texas, que incluye a Drew Tipton, Reed O’Connor y Mathew Kacsmaryk, han sido acusados de fallar consistentemente a favor de causas de extrema derecha que aparecen en sus salas de audiencia. Estos jueces han emitido órdenes judiciales que intentan derogar Obamacare, hacer cumplir las políticas de inmigración de la era de Trump y desafiar el acceso al control de la natalidad.
Si el sistema judicial funciona correctamente, solo ocasionalmente se asignarían causas a los jueces. Sin embargo, hay problemas con el proceso de asignación en Texas. En https://casino.netbet.com.mx/slots, por ejemplo, los juegos también se basan en principios matemáticos. Los casinos utilizan estos principios al diseñar juegos y establecer probabilidades para ganar y generar un beneficio para una base mas amplia de ganadores, de manera que muchos ganen y sea rentable. En el caso de los republicanos, que eligen a los jueces, pueden estar tratando de obtener una ventaja seleccionando jueces que siempre darán una decisión a favor. En ambos casos, hay un intento de obtener una ventaja mediante el uso de una estrategia en particular.
Al asignar todos los casos presentados en Amarillo a un juez en Amarillo podría evitar que los litigantes tengan que viajar largas distancias para una audiencia judicial. El efecto práctico del sistema es que los litigantes con puntos de vista de derecha de diferentes partes del país visiten lugares como Amarillo o Victoria para localizar un juez que se alinee con su ideología.
El Departamento de Justicia tomó medidas para abordar el tema de los litigantes conservadores que puedan elegir a sus jueces en los tribunales federales de Texas. El Departamento presentó una moción en uno de los casos políticos de Kacsmaryk, solicitando que el caso se transfiera a un lugar donde se asignará al azar de una lista de jueces.
La moción argumenta que permitir que los litigantes seleccionen a sus propios jueces socava la confianza pública en la administración de justicia. Sin embargo, la moción permite al Departamento de Justicia apelar el asunto en la cadena judicial y, eventualmente, a la Corte Suprema, en caso de que los jueces decidan intervenir.
A pesar de que de al menos un juez conservador reconoce el gran número de medidas cautelares a nivel nacional que se originan en los tribunales menores, la actual mayoría designada por el Partido Republicano en la Corte Suprema ha permitido que jueces como Kacsmaryk impidan las políticas de la administración de Biden durante períodos prolongados. Sin embargo, ocasionalmente han intervenido después de que la política había sido suspendida por casi un año y dictaminaron que el juez de juicio partidista cometió un error en su decisión.
El Departamento de Justicia ha presentado una moción que se basa en parte en una ley federal que delinea los lugares donde se pueden iniciar demandas contra funcionarios federales. Bajo esta ley, a menos de que existan circunstancias excepcionales en la demanda de Utah, los casos deben presentarse en el distrito judicial donde “reside el demandante”.
Texas se divide en cuatro distritos judiciales federales, es decir, los Distritos del Norte, del Este, Occidentales, y del Sur de Texas, y Kacsmaryk se sitúa en el Distrito del Norte. No obstante, el Departamento de Justicia afirma que el único demandante con residencia dentro de Texas es el propio estado de Texas.
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