Con 189 votos a favor de los 350 diputados que componen el Parlamento, el Gobierno ha logrado más apoyo para este proyecto del que obtuvo en su propia investidura
El Pleno del Congreso español ha dado este jueves su visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentó el Gobierno de coalición integrado por el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP). Los acuerdos alcanzados a lo largo de los últimos días con formaciones como Esquèrra Republicana de Catalunya (ERC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu, Más País, Compromís, Nueva Canarias o Teruel Existe han sido cruciales para sacar adelante la propuesta.
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Las cuentas nacionales quedan así respaldadas con una mayoría absoluta que alcanzó 189 votos a favor entre los 350 diputados que lo componen, a pesar del rechazo del principal partido de la oposición, el Partido Popular, y de otras formaciones como Ciudadanos o Vox, que reprochan al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haya incluido en sus negociaciones a partidos de corte independentista. En cualquier caso, el Gobierno ha logrado más apoyos parlamentario para estas cuentas públicas de los que obtuvo en su investidura.
El recién refrendado proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2021 prevé un gasto total consolidado de 550.484 millones de euros, que supone un incremento del 19,4 % con respecto a las cuentas del año pasado.
El Congreso da luz verde a los #PGE2021, los presupuestos más renovadores y sociales para responder a la peor crisis en un siglo. España dice adiós a otro tiempo y avanza decidida a un futuro de progreso. Gracias a todos los que han arrimado el hombro para sacar al país adelante. pic.twitter.com/tY4je5P8Kb
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 3, 2020
En un reciente tuit, el presidente español, Pedro Sánchez, ha definido estos presupuestos como los «más renovadores y sociales para responder a la peor crisis en un siglo».
Distribución marcada por la pandemia
De cara a un año en el que España va a sufrir las secuelas de la pandemia de coronavirus en todos los ámbitos, las cuentas públicas presentan una distribución condicionada por esta realidad. Así, la Seguridad Social contará en 2021 con la mayor partida presupuestaria, que asciende a 172.429 millones de euros y es superior a la del ejercicio precedente en un 4,3 %.
Este incremento corresponde principalmente a la revalorización de las pensiones (las contributivas subirán un 0,9 % en 2021 y las no contributivas un 1,8 %) y a la implantación del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El desempleo, uno de los más relevantes indicadores de la crisis desatada por el covid-19, tiene especial protagonismo en estas cuentas públicas a través de la partida asignada a los subsidios, que alcanza para 2021 los 24.661 millones de euros, 4.131 millones más que en 2020.
Dos de los mayores saltos cuantitativos en este proyecto de cuentas se encuentran, sin embargo, en las políticas de vivienda y educación. Para las primeras, el Ejecutivo ha habilitado una dotación de 605 millones de euros, que supone un aumento del 25 % con respecto a 2020; y para las segundas se contempla un presupuesto de 4.893 millones de euros, que un 70 % en comparación con el año pasado.
No obstante, la partida que mayor crecimiento ha experimentado es la correspondiente a la cooperación cultural, que contará con un total de 27,1 millones de euros, un 190,9 % más respecto al ejercicio anterior.
Por su parte, el Ministerio de Defensa contará en 2021 con un presupuesto de 10.500 millones de euros, que incrementa en 418 millones la cantidad de la que dispuso en 2020.
Tensiones externas e internas
El camino hacia la aprobación de los PGE no ha sido sencillo. A lo largo de los últimos meses, los partidos situados a la derecha del espectro político español han cargado con fuerza y con frecuencia contra los intentos del Gobierno –finalmente consumados– de alcanzar acuerdos con fuerzas nacionalistas de signo independentista, como la catalana ERC o la vasca EH Bildu.
En especial, las críticas que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han vertido en este sentido se centran en el apoyo a los presupuestos de la formación EH Bildu, heredera de la facción del independentismo vasco vinculado a la ya extinta banda terrorista ETA, inactiva desde 2011 y disuelta definitivamente en 2018.
Por otra parte, han sido también frecuentes las discrepancias entre los dos partidos integrantes de la coalición de Gobierno, el PSOE y UP, a la hora de buscar posturas comunes de cara a un acuerdo presupuestario. Mientras la formación de Pablo Iglesias defendía la necesidad de acometer una regulación del precio de los alquileres y de aumentar los impuestos a las rentas más altas, los socialistas se resistían inicialmente. Finalmente, se lograron entendimientos en ambos aspectos.
Así las cosas, con apoyos suficientes en el Congreso y pese al rechazo del área más conservadora del hemiciclo, los presupuestos obtienen el refrendo parlamentario que necesitan antes de su aprobación definitiva en el Senado.
Quedan así derogados los Presupuestos de 2018, elaborados por el Partido Popular y prorrogados desde entonces al no haber sido sustituidos hasta ahora por ningún proyecto posterior. En febrero de 2019, el primer intento de aprobar unas nuevas cuentas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez no logró el respaldo de la Cámara baja, obligando al Ejecutivo a convocar elecciones en el mes de abril, que tendrían que repetirse en noviembre tras el fracaso a la hora de formar Gobierno.
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