«Hay que hacer notar al Gobierno de Venezuela que asuma su responsabilidad en el área de otorgar la documentación a los ciudadanos».
Ecuador aumentará la flexibilidad respecto a la documentación que en la actualidad pide a los migrantes venezolanos que ingresan en el país, sin dejar de exigir al Gobierno de Caracas que asuma su responsabilidad sobre la cuestión.
Así lo reveló el viceministro ecuatoriano de Movilidad Humana, Santiago Chávez, que presidió esta semana una reunión técnica en la que trece países latinoamericanos analizaron la crisis migratoria y humanitaria originada por el éxodo venezolano, y que concluyó con una declaración que recoge en uno de sus puntos el compromiso de acoger la documentación de viaje aún vencida.
«En el caso de Ecuador vamos a ir examinando las posibilidades que existen de ser más flexibles en general en relación a la documentación», dijo el viceministro en una entrevista en la sede de la Cancillería en Quito. Pero a renglón seguido, subrayó que «es fundamental que haya una forma de hacer notar al Gobierno de Venezuela que asuma su responsabilidad en el área de otorgar la documentación a los ciudadanos».
Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), cerca de 2,5 millones de venezolanos han salido de su país desde 2014. En el último año la crisis migratoria se ha agudizado, obligando a los países limítrofes con Venezuela y a los que se han convertido en principales destinos a adoptar medidas excepcionales como la solicitud de pasaportes o documentos que cuenten con el apostillado de validación correspondiente, requisitos que no siempre pueden cumplimentar los migrantes.
La masiva afluencia de venezolanos en los últimos meses llevó a Ecuador a exigir para su entrada al país pasaportes en regla -cuando hasta entonces era posible el ingreso con una cédula de identidad-, medida que fue recurrida por la Defensoría del Pueblo y que se encuentra en suspenso. La declaración adoptada esta semana en la capital ecuatoriana deja abierta la puerta a que cada país firmante de la misma, once en total, pueda adoptar de acuerdo a su ordenamiento jurídico la decisión que considere al respecto.
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