José Luis Bravo pasó esta semana de ser considerado un exitoso empresario que se hizo de una cadena de restaurantes mexicanos en el Medio Oeste de Estados Unidos, a encabezar una acusación federal por crimen organizado, similar a la que interponen contra mafiosos, narcotraficantes y pandilleros.
Bravo, de 51 años, fue detenido este miércoles por agentes federales y ahora se encuentra bajo custodia de los US Marshals. El gobierno afirma que es el líder de lo que cataloga como una “empresa delictiva organizada” que hizo arreglos para traer a indocumentados de México y Centroamérica, contratarlos en varios restaurantes suyos y pagarles una miseria.
De esta actividad ilícita, él y sus 18 cómplices sacaron provecho financiero, según la denuncia interpuesta en una corte federal de Kansas, en Missouri.
La Fiscalía decidió encasillar este caso como una violación a la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como RICO por sus siglas en inglés, que le permite procesar a los líderes de un grupo delictivo como parte de una conspiración. Esta ley ha sido usada para llevar ante la justicia a jefes de La Cosa Nostra y a cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
Naturalizado estadounidense, Bravo enfrenta 17 cargos criminales por los cuales podría recibir una condena de hasta 128 años de prisión y ser obligado a pagar una multa de 2.5 millones de dólares. Solo por violar la Ley RICO lo pueden sentenciar a pasar dos décadas preso, de acuerdo con los fiscales.
¿Por qué este empresario enfrenta una acusación tan grave? El Departamento de Justicia (DOJ) alega que Bravo y sus asociados participaron que desde julio de 2003 y el pasado 10 de agosto en el tráfico de varios indocumentados de mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos con el fin de emplearlos en sus negocios ubicados en Missouri, Kansas, Arkansas y Oklahoma.
Ese esquema les permitió evadir impuestos estatales y federales. Aunado a eso, ni siquiera les pagaban el sueldo mínimo, ni las horas extras a esos trabajadores, e incumplían con las prestaciones laborales que les correspondían por ley, independientemente de su estatus migratorio.
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