La mayor parte de las manifestaciones transcurrieron de manera pacífica, pero también se registraron hechos de violencia. Las autoridades reportaron que hay detenidos
Miles de personas participaron de distintas protestas organizadas en Colombia, que tuvo como principales demandas el fin de la brutalidad policial y de las matanzas, también conocidas como masacres. Dos de estos episodios mortales tuvieron lugar el domingo y el lunes, y dejaron un total de 10 muertos.
La mayor parte de la protesta transcurrió de manera pacífica, pero a lo largo de las horas se registraron también distintos hechos de violencia. El medio local Caracol reportó el ataque a un banco, y hubo manifestantes que arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad presentes. Medios locales también informaron que se produjeron detenciones.
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La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, se hizo eco del incidente e indicó que si bien “Bogotá respeta la movilización pacífica, no admite ningún acto vandálico ni violento”. “Todo el día la movilización ha sido pacífica, excepto por el acto vandálico en el centro que se controló. Quien quiera entrar a la plaza de Bolívar perfectamente puede hacerlo”, expresó en su cuenta de Twitter.
El presidente Iván Duque, por su parte, se mostró más enfático. Dijo que realizaba un “rechazo claro y contundente a cualquier forma de vandalismo o agresión” e instó a las autoridades a “proceder con total contundencia”. “El vandalismo, la violencia, las agresiones, no las podemos tolerar bajo ninguna forma de expresión porque hacerlo sería premiar la ilegalidad”, dijo.
Las fuerzas de seguridad no portaron armas de fuego durante las manifestaciones.
La jornada siguió a una semana de violentas protestas contra los abusos de las fuerzas de seguridad, catalizadas por la muerte de Javier Ordoñez como consecuencia de uno de esos episodios y que dejaron al menos 13 muertos en Bogotá y la vecina Soacha. Además, más de 300 personas resultaron heridas y se registraron más de 100 denuncias contra el accionar de los uniformados solo en bogotá.
Ordóñez, de 43 años, murió el 9 de septiembre en Bogotá tras una violenta detención por parte de dos policías en cuestión. Ambos lo sometieron a descargas eléctricas en medio de la vía pública y posteriormente trasladaron a dependencias policiales donde habría sido objeto de una paliza, que finalmente le costó la vida. Otros cinco efectivos también fueron vinculados a la investigación.
Los ahora ex policías, Harby Rodríguez y Juan Lloreda, enfrentan cargos por “tortura y homicidio agravado”, según anunció la fiscalía. Ninguno reconoció los delitos que se les imputan. No obstante, ambos ya fueron enviados a la prisión de Facatativá. En caso de prosperar el juicio, los dos uniformados podrían recibir penas de unos 40 años de prisión, según indicaron abogados penalistas.
La muerte de Ordóñez ha levantado una ola de indignación, no solamente en las calles, sino también en algunos despachos de la política colombiana, que han solicitado al Gobierno de Duque, una revisión y reforma de los cuerpos policiales, hasta el momento militarizados y por tanto dependientes del Ministerio de Defensa y fuera del alcance del escrutinio civil.
López, de hecho, defendió la necesidad de reformar la Policía de Colombia que, a su juicio, debería estar sujeta al control de la ciudadanía y la justicia ordinaria.
Las protestas se enfocaron a su vez en las reiteradas matanzas que tienen lugar en el país. Aquella del domingo ocurrió en el cauca, donde un grupo armado habría disparado contra los asistentes a una pelea de gallos en un ataque que dejó también varios heridos. El lunes, en tanto, la agencia AFP reportó la muerte de cuatro jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados en un manglar.
Una funcionaria de la alcaldía local citó un video que circuló en redes sociales donde se ve a los presuntos asesinos balear los cadáveres de los jóvenes desde un bote. En ambos casos, la fuerza pública señaló a las disidencias de las FARC como presuntas responsables.
Según el observatorio independiente Indepaz, en lo que va del año se han registrado en Colombia 61 masacres -homicidios de al menos tres personas en un solo evento- en una escalada de violencia que se intensificó en los últimos meses.
En los departamentos de Nariño y Cauca grupos armados se disputan el control de la minería ilegal, miles de hectáreas de narcocultivos y las rutas para sacar la droga por el Pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Las disidencias de las FARC cuentan con unos 2.300 miembros en armas y operan sin mando unificado.
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