Los años de prisión correspondientes a los dos delitos por los que fue condenado el expresidente Uribe, irían desde «6 a 12 años»
La jueza 44 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, tras 11 horas de lectura, emitió el fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, y absolutorio frente al delito de soborno simple.
“El expresidente Álvaro Uribe determinó al abogado Diego Cadena en la comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal”, anunció la togada.
Dijo además que “el mismo ilícito no se ejerció contra cualquier juez sino directamente contra la Corte Suprema de Justicia”.
Advirtió en ese sentido que “Álvaro Uribe sabía lo ilícito en su actuar”.
Consideró en este punto que el ex mandatario “a pesar de que tuvo el honor de regir los destinos de nuestro país, mandó un mensaje muy negativo para las futuras generaciones que ve el comportamiento de una persona de los notables cargos a que ha accedido”.
Y puntualizó que “no queda otra alternativa a concluir que la Fiscalía ha acreditado la existencia de la conducta punible como determinador de fraude procesal y soborno”.
Por su parte la fiscal encargada del caso, Marlenne Orjuela, solicitó a la jueza Sandra Heredia que sea tomada en cuenta la gravedad de los delitos del exmandatario y se le duplique la pena, “tal como lo dictamina la ley”.
Orjuela indicó que los años de prisión correspondientes a los dos delitos por los que fue condenado el expresidente Uribe, irían desde “6 a 12 años”.
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¿Cuándo se conocerá el monto total de la pena?
“Por las conductas por las que se profiere condena (…) cuya punición parte de un monto superior a cuatro años e inferior a ocho (…) se hace merecedor de la prisión domiciliaria como medida sustitutiva de la pena”, informó la juez.
El juicio contra Uribe marca un antes y después en la historia de Colombia, debido a que lo hace ser el primer expresidente en ser condenado.
En contexto
Los hechos se remontan a hace 13 años. El exmandatario señaló al senador Iván Cepeda de supuestamente reunirse con exparamilitares en prisión para que testificaran en su contra.
El giro del caso se dio en 2018, cuando la Corte Suprema sostuvo que no había soportes para esa denuncia, pero sí los podía haber en contra del exmandatario.
Luego de que renunciara a la curul que le correspondía como senador tras ser electo en 2018; el caso quedó en manos de la justicia ordinaria.
El año pasado, la Fiscalía lo acusó formalmente y empezó la cuenta regresiva para un juicio que corrió contra el tiempo.
Tras casi 70 sesiones, la juez señaló que el 28 de julio iba a dar el fallo condenatorio. La espera ahora será para el viernes 1 de agosto a las 2:00 p.m., cuando se sepa el monto total de la pena y decisiones de subrogados.
La Fiscalía pidió 108 meses de prisión, lo que se traduce a poco más de nueve años. Además de una multa superior a los mil millones de pesos (partiendo de 1025 salarios mínimos).
Trece años de juicio
El largo proceso judicial inició en 2012, cuando Uribe demandó al congresista izquierdista Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por buscar a presos para que lo acusaran de tener nexos con los paramilitares de ultraderecha que combatieron a las guerrillas.
En un inesperado giro, en 2018 el tribunal cambió el rumbo de la investigación al sospechar que fue Uribe, entonces congresista, quien intentó sobornarlos para que cambiaran sus versiones.
Tras múltiples maniobras judiciales, Uribe renunció al Senado en 2020, perdió sus fueros y el caso pasó a la justicia ordinaria.
La declaración de culpabilidad del político colombiano más influyente del siglo, muy popular por su mano dura contra las guerrillas, asesta un duro golpe a la derecha conservadora de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
El partido que lidera, el Centro Democrático, es el principal movimiento opositor al mandatario de izquierda Gustavo Petro.
El expresidente defiende su inocencia y manifestó que se trataba de un juicio político motivado por un deseo de «venganza» de la izquierda, de la extinta guerrilla FARC y del exmandatario Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo que desarmó a los rebeldes en 2017.
Los grupos paramilitares surgieron en Colombia en la década de 1980 para combatir a las guerrillas marxistas.
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