«No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario», afirmó el presidente de la Espriella
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó revisar los esquemas de protección personal estatales y eliminar los que no estén debidamente justificados, en el marco de una política de austeridad para reducir el gasto público.
«No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario», afirmó el mandatario durante una visita al Ministerio del Interior.
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De esta cartera depende la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de evaluar riesgos y coordinar medidas de seguridad para personas amenazadas por su actividad política, social, periodística o de defensa de los derechos humanos, entre otras.
De la Espriella aseguró que la misión de la UNP «se ha desnaturalizado» y cuestionó que algunas personas, según dijo, puedan obtener protección estatal tras denunciar amenazas sin que exista una justificación suficiente.
«Eso se volvió una moda en este país», sostuvo el mandatario, quien calificó esas situaciones de «payasada» y «vagabundería».
Vinculó además esta revisión integral con la situación de las finanzas públicas y la necesidad de eliminar gastos que considera innecesarios, aunque subrayó que el Gobierno mantendrá la protección de quienes realmente la necesiten, independientemente de su orientación política o de si votaron por él.
«Cuando se trata de proteger a los colombianos no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado», afirmó De la Espriella.
La UNP dispone de mecanismos de protección que pueden incluir escoltas, vehículos blindados y otros recursos de seguridad, de acuerdo con la evaluación del riesgo de cada persona. Sus beneficiarios incluyen líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas expuestas a amenazas relacionadas con sus actividades.
Durante su intervención, el presidente también reclamó transparencia en la relación del Ejecutivo con el Congreso y advirtió que no tolerará el intercambio de contratos, cargos o recursos públicos por apoyos políticos.
Asimismo, pidió eliminar gastos innecesarios en el Ministerio del Interior y sus entidades y aseguró que cualquier caso de corrupción o favoritismo será objeto de medidas por parte del Gobierno.
El mandatario no precisó cuántos esquemas podrían ser desmontados, en qué plazo se llevaría a cabo la revisión ni cuánto dinero espera ahorrar con la medida.
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