Estuvo acusada, junto a otras 12 personas, por la adjudicación irregular de contratos de obras públicas
Un tribunal condenó a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitó para ocupar cargos públicos de manera perpetua tras hallarla culpable de fraude y corrupción mientras se desempeñó como presidenta de Argentina, de 2007 a 2015.
Kirchner, de 69 años, fue hallada culpable de «administración fraudulenta» en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), de donde es originaria. La pena de seis años es la máxima por fraude al Estado.
La causa tiene un fuerte impacto político en un país polarizado entre el gobernante peronismo y la oposición de derecha, en medio de una grave crisis económica con casi 100 % de inflación anual estimada. Pese a la condena, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros.
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El fallo en primera instancia abre un largo derrotero de apelaciones y Kirchner podría incluso presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023, incluida la presidencia.
«La condena tiene un fuerte impacto político», declaró el analista Rosendo Fraga. Pero «la posibilidad de que sea detenida por esta condena es inexistente».
Condenada «de antemano»
Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria sostuvo que su condena «está escrita de antemano» al denunciar que se trata de «un juicio político» que persigue aleccionar a todo el peronismo.
Kirchner estuvo acusada, junto a otras 12 personas, por la adjudicación supuestamente irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante sus dos mandatos presidenciales.
La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión al considerarla «jefa de una asociación ilícita» y por defraudación, además de solicitar la inhabilitación política para ejercer cargos públicos. El tribunal no aceptó el cargo de «asociación ilícita».
Kirchner dijo que más allá de la sentencia condenatoria, seguirá en política. «Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca», advirtió.
En sus palabras finales ante el tribunal, Kirchner acusó a los jueces de haber «inventado y tergiversado» los hechos. «Esto es un pelotón de fusilamiento», dijo.
De los 13 acusados en la causa, la mayoría exfuncionarios, nueve fueron condenados, tres fueron absueltos y uno tuvo su causa prescripta.
Cristina Kirchner: «Quieren verme presa o muerta»
«Como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente, y así lo hizo también nuestra defensa, que de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de las leyes del Presupuesto, porque lo curioso es que el delito lo cometí por la sanción de leyes», afirmó, en referencia a que la financiación de las obras cuestionadas fue aprobada por el Congreso a través de la ley de Presupuesto.
«Yo no legislo. No sancioné las leyes del Presupuesto, esos fueron los diputados y senadores», reiteró.
Hablando desde su despacho en el Senado, que preside por ser vicepresidenta -y desde donde escuchó por videoconferencia el fallo- Kirchner afirmó que su juicio había sido más que un caso de lawfare o guerra jurídica, entablada por el «Partido Judicial», como venía advirtiendo.
«Esto es un Estado paralelo y mafia judicial», acusó. «Y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida, el patrimonio, la libertad de los argentinos, que está afuera de los resultados electorales».
La exmandataria señaló que la «confirmación» de ello fue una filtración ilegal de un chat de Telegram, difundida por algunos medios el lunes, que presuntamente reveló la existencia de un viaje secreto que compartieron funcionarios de la oposición, magistrados, fiscales y exagentes de inteligencia.
El mismo lunes, el presidente argentino, Alberto Fernández, hizo referencia por cadena nacional al citado chat para informar que pediría una investigación sobre ese encuentro y sobre los intentos de esconderlo.
Al final de su discurso, que duró casi una hora, la vicepresidenta fustigó al «poder económico y mediático» que, según dijo, busca proscribir a su fuerza política.
«Es el poder en la Argentina (…) una suerte de Estado paralelo, que coarta constantemente. Es un sistema disciplinador. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, como Juntos por el Cambio (…) hablo fundamentalmente del peronismo, los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente», señaló.
«Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan», aseguró.
También aseguró que el objetivo del juicio era sacarla del poder.
«La condena no son los 6 años en la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos ganamos con el apellido Kirchner. Esto es lo que me están cobrando. Por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa, que la cuenten como quieran», afirmó.
«No van a tolerar jamás que alguien, como cuando me tocó a mí gobernar en dos oportunidades, no hagan lo que ellos dicen», dijo.
Sus palabras finales las reservó para quien ha sido el principal antagonista de su gobierno: el Grupo Clarín, al que acusó de montar una venganza porque ella no aceptó fusionar al grupo con Telecom.
Al borde del llanto, le dirigió un mensaje al CEO del principal multimedios del país, Héctor Magnetto:
«No voy a ser candidata (en 2023), es más, es una muy buena noticia para usted, Magnetto, ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la [Cámara de] Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Pero mascota de usted nunca jamás. No voy a ser candidata a nada», sentenció.
«Me va poder meter presa después del 10 de diciembre (…) eso es lo que usted quiere: verme presa o muerta».
Con esta sentencia, Cristina Kirchner se convirtió en la primera vicepresidente argentina en ejercicio de sus funciones en ser condenada por cargos de corrupción.
Los jueces señalaron que presentarán los fundamentos de su decisión el 9 de marzo de 2023, tras lo cual la vicepresidenta podrá apelar el fallo.
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