El proyecto de ley, que se espera que sea firmado por el presidente Trump, establece que “es política de los Estados Unidos apoyar el compromiso diplomático para avanzar en una solución negociada y pacífica a la situación política, económica y humanitaria de Venezuela”, reseñó AP.
EE.UU – De acuerdo con Comunicado de prensa publicado hoy, los líderes bipartidistas del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos anunciaron un acuerdo donde rechazan el uso de la fuerza en Venezuela y respaldan una solución negociada al país.
El proyecto de ley, que se espera que sea firmado por el presidente Trump, establece que “es política de los Estados Unidos apoyar el compromiso diplomático para avanzar en una solución negociada y pacífica a la situación política, económica y humanitaria de Venezuela”, reseñó AP.
Esto envía un mensaje claro de que Washington finalmente está reconociendo la realidad: la situación de Venezuela se resolverá mediante una combinación de compromiso inteligente y presión diplomática focalizada y multilateral”, dijo Geoff Ramsey, Subdirector para Venezuela en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA ) “A pesar de las diferencias en la retórica, hoy tanto los republicanos como los demócratas entienden que el único camino a seguir para Venezuela es a través de negociaciones que conduzcan a elecciones libres y justas”.
El proyecto de ley asigna fondos esenciales para la compleja emergencia humanitaria de Venezuela, que ha llevado a más de 4,7 millones a huir del país en los últimos años. La legislación asigna 400 millones de dólares para asistencia humanitaria dentro del país y para una respuesta regional más fuerte a los refugiados y migrantes venezolanos que huyen en todo el hemisferio. También designa 17.5 millones de dólares para una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Venezuela y para apoyar a la sociedad civil.
A su vez incluye una disposición que prohíbe que parientes adultos de personas sancionadas en el gobierno venezolano obtengan visas estadounidenses, y requiere que la administración presente un informe sobre los esfuerzos para coordinar sanciones contra personas con gobiernos en América Latina y Europa.
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