Con 41 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención, los senadores aprobaron sin modificaciones las medidas de ley que habían sido tratadas el viernes por la Cámara de Diputados
Buenos Aires- El Senado argentino aprobó en la madrugada del sábado un proyecto de “emergencia económica” y convirtió en ley una serie de medidas con las que el gobierno del presidente Alberto Fernández busca impulsar el crecimiento, reducir la pobreza, contener la inflación y renegociar la deuda pública.
Con 41 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención, los senadores aprobaron sin modificaciones las medidas que habían sido tratadas el viernes por la Cámara de Diputados.
Lea También: Fernández prometió ordenar la economía argentina y detener su “caída libre”
Fernández, quien asumió el 10 de diciembre, había tenido que aceptar el viernes cambios menores a la denominada ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, que no le dará al mandatario todos los poderes que solicitaba y le reembolsará parte del pago de impuestos a los agricultores de baja escala.
Ante el pedido urgente del nuevo Gobierno de centroizquierda, que dispuso sesiones especiales para votar la norma en el Congreso, los legisladores aprobaron el proyecto que busca mantener el equilibrio fiscal para garantizar el pago futuro de la deuda pública -actualmente bajo renegociación- y, a la vez, expandir el gasto social para impulsar la economía.
“Para poder salir de la emergencia económica y social en la estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos”, dijo Fernández en su cuenta de Twitter.
A recoger «los vidrios»
La mayor parte del apoyo a la norma provino del oficialista Frente de Todos, que hizo referencia a la situación económica y social que dejó el gobierno del expresidente Mauricio Macri, cuyo partido Juntos por el Cambio votó en contra.
“Esta ley atenta contra la república”, dijo durante la sesión el senador opositor Esteban Bullrich. Sin embargo, aclaró que “no estamos en desacuerdo con toda la ley”.
Argentina está sumida en una prolongada recesión, una inflación superior al 50% anual y una pobreza cercana al 40%, pero también debe lidiar con su deuda pública: hay cerca de 100.000 millones de dólares que el país dice que actualmente no puede cancelar, por lo que intensificó las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), su principal acreedor.
La ley otorga al Gobierno la facultad de gestionar las negociaciones con acreedores para “asegurar la sostenibilidad de la deuda” y lo autoriza a usar hasta 4.571 millones de dólares de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda.
La norma también da al Poder Ejecutivo autorización para subir impuestos a las exportaciones agrícolas hasta el 33% del valor de los embarques, aunque el oficialismo debió aceptar dar reembolsos a los productores de baja escala ante cuestionamientos del sector.
Además, la iniciativa incluye un impuesto del 30% para la compra de divisas, el pago de servicios en el exterior y los gastos por turismo en el extranjero. También congela los incrementos de las tarifas de servicios públicos y la fórmula de aumento a los jubilados por 180 días.
“Este proyecto representa un nuevo tipo de ajuste fiscal para Argentina, ya que está enfocado en cobrar impuestos a los ricos”, dijo el analista Julio Burdman, director de la consultora local Roger Data.
“Combina una sólida política económica con un abordaje político progresista. En el pasado, teníamos austeridad ortodoxa sin sensibilidad social o políticas inflacionarias sin racionalidad macroeconómica”, agregó.
Comente