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El terrorismo de Estado en Colombia ha traído decenas de miles de desaparecidos y muertos; hay más de 20 mil presos
En la lógica del sistema capitalista, el terrorismo de Estado es un hecho recurrente. Viene siendo empleado desde el siglo pasado para desplazar a poblaciones enteras de zonas de alto valor productivo en todos los órdenes, desde la minería, pasando por la agricultura, hasta la construcción, la industria, el comercio y el turismo. Otro de sus objetivos es paralizar las reivindicaciones sociales en zonas agrícolas y provocar masivos desplazamientos poblacionales en beneficio del gran capital. Así ha sucedido en África, en relación a la minería y en el Medio Oriente por motivos esencialmente de dominio religioso.
Sin duda, en Colombia el terrorismo de Estado está estrechamente ligado a la política oligárquica de acumulación capitalista. No es insustancial que el 40% de su territorio esté negociado en concesiones a multinacionales mineras. El desplazamiento fatal de poblaciones enteras—como estrategia— intenta quebrar la resistencia popular ante la depredación de los recursos naturales vaciando de población las zonas codiciadas por las multinacionales. Esta maniobra se ejerce también por las directrices de EE UU dirigidas a despoblar el campo, en una tentativa por exterminar la base social de la guerrilla, que se ha comportado como un aparato de contención en la indiscriminada entrega del territorio a las transnacionales de la depredación.
Así se determina como el paramilitarismo, además de servirle a los latifundistas, es cofinanciado por las multinacionales y coordinado desde el mismo estado para difundir el terror en poblaciones y regiones mediante masacres y torturas. Ese instrumento paramilitar creado por la oligarquía terrateniente con Uribe al frente, se fortaleció por instrucciones del comando Sur de EU: inicialmente, la misión Yarbourough de 1962 preconizó la creación de grupos paramilitares, promovidos por el Estado, con el fin de «asesinar a los comunistas y a todos aquellos que luchen por reivindicaciones y justicia social». La doctrina contrainsurgente y el concepto del «enemigo interno» que rigen el accionar del ejército colombiano, toman su inspiración de la doctrina (manual) franco-estadounidense que preconiza el control mediante la tortura sistemática a los líderes sociales, y el desplazamiento de poblaciones para evitar la insurgencia o al menos para aplazarla.
El terrorismo de Estado en Colombia ha causado decenas de miles de desapariciones forzadas, y más de 20 mil presos políticos. El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos liquidados por agentes estatales o paramilitares. El Estado colombiano ha eliminado físicamente a un partido político: La Unión Patriótica, con más de 5 mil militantes asesinados. Todo un récord para la historia de la infamia de la oligarquía cachaca. La mayor fosa común de Latinoamérica (superada sólo por las nazis), fue hallada detrás de una institución estatal, el Batallón Militar de la Macarena: más de 3 mil cadáveres de desaparecidos por la Fuerza Omega del Plan Colombia (Pastrana-Uribe).
Crimen planificado
Colombia es hoy el segundo país del mundo a nivel de desplazamiento forzado de poblaciones, tras Siria por su guerra de agresión. Más de 7 millones de colombianos han sido desplazados por una planificada campaña de terror al servicio del acopio capitalista: millones de campesinos y medianos propietarios han abandonado sus tierras tras sobrevivir a masacres dirigidas intencionalmente, llevadas a cabo por el ejército y su herramienta fascista paramilitar. Las personas obligadas a desplazase no son desalojadas por la «bala perdida», ese comodín que usan los grandes medios del capital, para desinformar distorsionando la comprensión de la realidad.
Los bombardeos del ejército sobre comunidades campesinas y las fumigaciones son instrumentos que complementan el desplazamiento poblacional.
No hay voluntad de diálogo
Dice el periodista colombiano Horacio Duque: «Santos entró en pánico con la brutal caída en las encuestas y una potencial derrota en las elecciones locales del 25 de octubre a manos de la para-política uribista. Retorna Juan Manuel Santos a la matriz de la seguridad democrática para ofrecernos «santo-uribismo» y un nuevo ciclo de guerra para tratar de aplastar la insurgencia campesina revolucionaria. Se ve en el panorama masacres, torturas, desaparecidos, represión, mentiras mediáticas, paramilitarismo, más asaltos a columnas guerrilleras y generalización de falsos positivos». En definitiva mas muerte y desplazamientos.
Colombia atraviesa hoy una situación económica muy parecida a la de 1999, cuando el PIB cayó un 9% y los directivos del Estado, Pastrana y Santos, promovieron la zona de distensión de San Vicente del Caguán con las FARC, como movida de respiro para reorganizar el aparato militar y desplegar una contraofensiva en los siguientes años para debilitar y aplastar a la guerrilla, que implicó un irracional diseño autoritario del Estado con el instrumento criminal del paramilitarismo y de la propia política que se transformo en parapolítica.
Fueron años de ilegalidad descontrolada, de masiva ejecución (por las FF AA) de los aberrantes crímenes denominados «falsos positivos», que son delitos de lesa humanidad, los mismos que están estancados en complejos procesos judiciales (nacionales e internacionales), para los que, tanto Bogotá como EE UU, presionan impunidad mediante ajustes al fuero penal militar y a las normas de justicia transicional (respuesta a la violación masiva de los DD HH).
Santos pareciera haber renunciado a los postulados de la «Tercera vía» regresando apresurado a las fuentes de la reaccionaria «Seguridad democrática» de quien lo eligió como sucesor. Se trata de un tránsito muy ligero, pero efectivo, en el que, desde la consideración puramente política, se convierte, como Presidente, en copiloto de un plan para imponer la paz de los vencidos a la resistencia campesina revolucionaria que participa en La Mesa de La Habana. Como un experto tahúr Santos colocó algunas cartas para dar la impresión de sensatez, autorizando encuentros en Cuba entre las FARC y el ELN, suspendiendo el uso del glifosato y reiterando su continuidad en La Mesa, pese a los hechos del Cauca. Pero, atendiendo a las demandas del uribismo ultra-reaccionario y de la cúpula militar ultramontana, dio vía libre a las acciones de la Fuerza Aérea contra los campamentos guerrilleros.
El regreso de JM Santos al uribismo para imponer conjuntamente, en La Habana, la «paz de los sepulcros» es un reflejo de la crisis orgánica generalizada que atraviesa el Estado colombiano, y el país en general, en la actual coyuntura. La presión de la derecha militar mas la caída en la opinión pública de la gestión económica neoliberal de la oligarquía han hecho que el rumbo hipócrita de la paz bogotana corrija su curso hacia la parapolítica que impone el narco de Medellín.
Entre tanto, el desplazamiento de poblaciones completas continúa para favorecer a terratenientes y mineras transnacionales… Venezuela ha recibido en los últimos 40 años del conflicto neogranadino alrededor de 6 millones de desplazados. Dice José Sant Roz en Ensartaos: «Lo macabro, lo repugnantemente abominable, siempre han marcado a todos los gobiernos de Colombia, desde que los asesinos de Sucre: José María Obando, Santander, y José Hilario López (además de los cómplices Mariano Ospina R, y Tomás Herrera, los 5 presidentes luego de Colombia), se hicieron con el poder en 1831… Con este quinteto nace la fría política del puñal, de la cicuta, de la emboscada, el premio a las traiciones, las eliminaciones extrajudiciales, la sevicia con los cuerpos de los asesinados…».
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