En 2012, Uribe presentó una denuncia contra el congresista por un supuesto complot con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares
El expresidente colombiano Álvaro Uribe, jefe del partido de gobierno, deberá ir a juicio por presunto soborno y manipulación de testigos, según resolvió este miércoles 27 de abril la justicia en una decisión de primera instancia.
La jueza Carmen Ortiz rechazó el pedido de la fiscalía para archivar el caso que involucra al exmandatario y exsenador de 69 años (2002-2010).
«Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del soborno en la actuación penal» de Uribe, dijo Ortiz en una audiencia en Bogotá.
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La decisión todavía no está en firme y puede ser apelada por la defensa del expresidente, el político más influyente de este siglo en Colombia y protagonista de la campaña presidencial para las elecciones del 29 de mayo.
Si finalmente un tribunal superior acoge el dictamen de la jueza, Uribe deberá ir a juicio y eventualmente podría ser condenado a prisión por los delitos que se le imputan.
De acusador a acusado
Reconocido por su política de mano dura frente al conflicto armado, el exmandatario enfrenta cargos por soborno y fraude procesal contra el senador de oposición Iván Cepeda.
En 2012, Uribe presentó una denuncia contra el congresista por un supuesto complot con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de violaciones de derechos humanos en la guerra clandestina contra los rebeldes izquierdistas.
Sin embargo, la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en su lugar, comenzó a investigar al exgobernante en su calidad de parlamentario en 2018. Los magistrados concluyeron que Uribe trató de manipular testigos para desacreditar a su opositor.
El tribunal fue más allá y en agosto de 2020 ordenó el arresto domiciliario del expresidente mientras avanzaba en su investigación.
Uribe, que cuestionó a la Corte Suprema por supuesto sesgo político, logró zafarse de esa jurisdicción al renunciar al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014. Su expediente pasó entonces a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba sobre Uribe.
La fiscalía asumió la investigación y el año pasado planteó a la justicia el archivo del caso por considerar que no había delito.
No obstante, la jueza negó este miércoles los argumentos de la fiscalía.
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