La votación final de la Cámara arrojó 83 votos a favor y 27 en contra. En el texto aprobado, los congresistas colombianos condenaron lo que calificaron como un «desconocimiento flagrante de la voluntad popular» por parte de Nicolás Maduro
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este lunes una proposición que insta al presidente Gustavo Petro a reconocer a Edmundo González como «presidente electo» de Venezuela para el periodo 2025-2031.
La iniciativa, impulsada por el representante Andrés Forero, del partido Centro Democrático, también rechaza los actos de violencia y las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridos tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela.
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La votación final de la Cámara arrojó 83 votos a favor y 27 en contra. En el texto aprobado, los congresistas colombianos condenaron lo que calificaron como un «desconocimiento flagrante de la voluntad popular» por parte de Nicolás Maduro.
El documento además recalca que Colombia no puede guardar «silencio cómplice» frente a lo que describen como un «fraude electoral» en las recientes elecciones venezolanas.
En el documento aprobado se lee que: «La Cámara de Representantes de Colombia condena de manera categórica el flagrante desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas e invita al Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego a reconocer a Edmundo González como «presidente electo» de Venezuela para el periodo 2025-2031».
El texto de la proposición no solo insta al Gobierno colombiano a reconocer a González, sino que también rechaza lo que describe como un fraude cometido. Asimismo, los congresistas expresaron su solidaridad con las víctimas de la represión y violencia que, según señalan, han sufrido quienes han alzado su voz.
Forero fue enfático al señalar que es preocupante la falta de acción por parte de ciertos sectores políticos en Colombia. «Vemos que no tienen un compromiso democrático claro. Realmente es preocupante que un partido tan numeroso que hoy está ejerciendo el poder no sea capaz de rechazar el fraude electoral en Venezuela básicamente por la simpatía o por la cercanía ideológica», afirmó.
El representante también hizo un llamado a la solidaridad con el pueblo venezolano, destacando la importancia de apoyar la lucha por la libertad y la democracia en el país vecino. «Consideramos que esto es lo mínimo que se puede hacer desde Colombia como un acto de solidaridad con el pueblo venezolano», manifestó Forero.
Reacciones divididas dentro del Congreso
Sin embargo, no todos los congresistas compartieron el enfoque de la proposición. Pedro Súarez Vacca, representante del Pacto Histórico, expresó su desacuerdo con los términos del documento.
«Por supuesto que nosotros nos solidarizamos con las víctimas de las violaciones de derechos humanos, pero eso no significa que, por el hecho de que no estemos de acuerdo con los términos de este comunicado, apoyemos las violaciones de derechos humanos o que tengamos que reconocer, porque ustedes quieren, una presidencia», dijo Súarez Vacca.
El congresista también defendió que las funciones de la Cámara están claramente delimitadas en la Constitución Política de Colombia y que el reconocimiento de gobiernos extranjeros no es una de ellas. «No nos corresponde», subrayó.
Por su parte, Gabriel Becerra, también representante del Pacto Histórico, defendió la postura del gobierno de Petro ante la crisis política en Venezuela. Becerra argumentó que el enfoque del presidente Petro ha sido promover una salida política negociada para la situación en el país vecino.
«No se puede favorecer intereses ilícitos en la frontera y no favorecer la salida política, que es lo que el presidente Petro está promoviendo», aseguró.
El debate en torno a esta proposición pone de relieve las diferencias de postura dentro del Congreso colombiano respecto a la crisis en Venezuela y las elecciones presidenciales recientes. Mientras algunos sectores, como el Centro Democrático, buscan una condena firme contra Maduro, otros, como el Pacto Histórico, han optado por una posición más cautelosa, defendiendo la necesidad de una solución política negociada.
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