El ahora expresidente había planeado acudir a la sede diplomática antes de que se aprobara la moción de vacancia en el Congreso. Alertados de ello, personal de Seguridad del Estado optó por detenerlo y llevarlo a la Prefectura de Lima
Pedro Castillo tenía planificado ir a la Embajada de México en el distrito de San Isidro poco después de dar su mensaje a la nación y sobre todo antes de que el pleno del Congreso se pronunciara sobre su moción de vacancia. Pasada la 1:00 pm, salió por la parte trasera del Palacio de Gobierno junto a su ex primer ministro Anibal Torres y con su comitiva de resguardo de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Allí, se le comunica al chofer que llegue al destino antes mencionado. De manera que se escoge la avenida Inca Garcilaso de la Vega (ex Wilson) como la opción más directa para llegar. Todo aparentemente estaba saliendo de acuerdo con el plan. Pero en paralelo se estaba realizando una reunión en la Comandancia General de la PNP que lo cambió todo.
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Fuentes del diario El Comercio dijeron que, luego de dar su mensaje y de anunciar el cierre inconstitucional del Congreso, Castillo se comunicó con el comandante general de la PNP Raúl Alfaro (quien se encuentra de licencia por razones médicas) en busca de respaldo. Alfaro le respondió que él no estaba de acuerdo con lo que había hecho y que su postura estaba con la preservación del orden constitucional.
En simultáneo, las mismas fuentes en el sector, indican que Willy Huerta, ahora exministro del Interior, llamó al jefe del Estado Mayor de la PNP, Vicente Álvarez, quien estaba a cargo de la jefatura de la PNP en reemplazo de Alfaro, para que autorizara el ingreso de manifestantes a la Plaza de Armas porque Castillo quería dar un mensaje. Tampoco obtuvo una respuesta afirmativa.
De acuerdo con las fuentes, Alfaro convocó al Alto Mando de la PNP para decidir la postura institucional frente al golpe de Estado que se estaba perpetrando. Álvarez y el inspector general de la PNP Segundo Mejía se sumaron a la posición de no respaldar lo dispuesto por el entonces presidente y, además, se concluyó que estaba actuando en flagrancia (delito de rebelión) al ordenar el cierre del Congreso.
La decisión había sido tomada: Castillo debía ser detenido y quienes lo iban a hacer era el personal de Seguridad del Estado, es decir, su escolta, que estaba con él en ese momento. Se le comunicó el hecho, según las fuentes, al general PNP Iván Lizzetti, jefe de la Dirección de Seguridad del Estado, quien le solicitó a su personal que le informe sobre la ubicación del entonces presidente.
Mientras tanto, el Equipo Especial de la PNP ya manejaba la versión de la intención que tenía Castillo de recluirse en una embajada. Los coroneles PNP Walter Lozano (Bica) y Harvey Colchado (René) decidieron tomar acción. A manera de precaución, Lozano y su equipo fueron a la Embajada de México y Colchado a la de Cuba.
Los dos estaban decididos a arrestar a Castillo porque sabían que había incurrido en flagrancia en delito de rebelión. Además, tenían conocimiento de que el ahora exmandatario había sacado de Palacio a su familia y todo apuntaba a que lo que buscaba era el asilo o fugarse del país.
Al tiempo que todo esto ocurría, en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, antes de llegar al cruce con la avenida España, el chofer recibe la orden de proceder con la detención, según las fuentes policiales. Para sorpresa de Castillo, la camioneta gris de lunas polarizadas que lo llevaba se detuvo al frente de la Clínica Internacional y, junto con personal de la Subunidad de Acciones Tácticas, se ejecutó el arresto y se procedió a llevarlo a la sede de la Prefectura de Lima donde queda la sede de la Región Policial de la capital.
Casi en simultáneo, el pleno del Congreso aprobaba la vacancia de Castillo con 101 votos a favor. No habían pasado ni dos horas desde que anunció su golpe de Estado y ya el entonces presidente pasó a calidad de detenido. Era poco más de la 1:40 pm. El entonces mandatario fue llevado a la sede de la Prefectura de Lima. Minutos después, llegó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, junto a los coroneles PNP Walter Lozano y Harvey Colchado y la fiscal superior Marita Barreto. Benavides procedió a tomar la declaración del intervenido. Torres asumió la defensa de Castillo. La aventura golpista había terminado.
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