Si bien el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela señaló en un mensaje de Twitter que ya se había revocado la medida de detención domiciliaria
Venezuela-. El Gobierno de Venezuela liberó a 22 personas el jueves, entre ellas a la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar, dijo el viernes la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Si bien el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela señaló en un mensaje de Twitter que ya se había revocado la medida de detención domiciliaria que pesaba sobre la jueza y se estudiaba la del periodista, pasado el mediodía ambos seguían bajo arresto a la espera de la notificación oficial de los juzgados.
El máximo tribunal dijo que un juzgado revisaba la medida a favor de Jatar, quien reside en el estado Nueva Esparta, en el noreste del país.
Agregó que otro tribunal “acordó el cese de la medida cautelar sustitutiva de libertad a favor de la ciudadana María Lourdes Afiuni Mora”, quien vive en Caracas.
Un abogado que representa a Afiuni dijo el viernes en una entrevista telefónica que la ONU llamó para comunicarle que había sido liberada, pero que esperaban la notificación oficial.
El abogado Juan Carlos Goitía agregó que la decisión sólo eliminaría el requisito de presentarse ante los tribunales porque se mantiene la prohibición de salida del país e, incluso, de declarar a los medios.
“De concretarse esta libertad cesaría nueve años y siete meses de persecución y torturas”, dijo Afiuni en un mensaje de Twitter.
También entre las personas puestas en libertad el jueves hay 20 estudiantes, según revelaron la alta comisionada, Michelle Bachelet, y su oficina.
“Bienvenida liberación de 62 detenidos entonces (en junio), junto a 22 más -incluido el periodista Braulio Jatar y la jueza (María) Lourdes Afiuni- liberados ayer”, comentó.
Una portavoz dijo que Bachelet pidió las 22 liberaciones directamente al presidente Nicolás Maduro.
La noticia se conoció después de que el jueves se divulgara un reporte de Bachelet tras su visita en junio a Venezuela. En su informe acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de enviar escuadrones de la muerte para matar jóvenes, pero un viceministro rechazó estos cargos en un discurso ante el foro en Ginebra el viernes.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera pidió a la Alta Comisionada entregar su informe “y todos los antecedentes y evidencias que lo sustentan a la Corte Penal Internacional, que en virtud de una solicitud de Chile y de otros países está ya conociendo los delitos de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela”.
Además en Chile, del cual Bachelet fue dos veces presidenta, se prohibirá el ingreso “de más de 100 personas que están directamente ligadas a la dictadura de Venezuela y los crímenes que esta dictadura ha cometido”, agregó Piñera a periodistas.
“PUERTA GIRATORIA”
El abogado Alfredo Romero, director del no gubernamental Foro Penal, algunos de cuyos datos fueron citados en el informe de Bachelet, dijo el viernes que el gobierno mantenía el “efecto puerta giratoria”, ya que mientras libera a detenidos realiza nuevas capturas.
“#5Julio Resultado de Efecto puerta giratoria de esta semana: 37 #PresosPolíticos excarcelados y 33 nuevos #PresosPolíticos encarcelados”, tuiteó Romero. El gobierno niega la existencia de detenidos por razones políticas.
Jatar señaló en un mensaje en Twitter que fue informado “verbalmente” de “una medida de presentación ante un tribunal cada quince días con prohibición de salida del país y del estado donde resido”, por lo que se trataría de “una libertad limitada y condicionada”.
Según afirmó, también fue informado de que hasta el lunes no recibirá la notificación oficial de su caso y que entonces podrá dar mas detalles. El viernes se celebra un feriado nacional en Venezuela por el día de la independencia y no funcionan las oficinas públicas.
Afiuni fue encarcelada sin fianza poco después de que el expresidente Hugo Chávez criticó una de sus sentencias, en la que ordenó la puesta en libertad del empresario Eligio Cedeño, que estaba acusado de corrupción.
Los fiscales acusaron a Afiuni de aceptar sobornos. Ella negó los cargos y dijo que liberó al empresario porque estuvo esperando a ser juzgado más tiempo del permitido por la ley.
Afiuni acusó más tarde que fue violada en la cárcel y las autoridades le negaron atención de salud. Los líderes del gobernante Partido Socialista rechazaron sus acusaciones como una mentira para lograr simpatía, pero más tarde se le concedió el arresto domiciliario.
Un tribunal la condenó a cinco años de prisión en marzo
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