Foto: AFP
La fiscalía denuncia una connivencia de los ediles municipales y funcionarios con constructoras para conceder adjudicaciones públicas.
La operación se llevó a cabo «contra una trama de corrupción municipal y regional en varios ayuntamientos y autonomías, de la provincia y Comunidades Autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia».
El operativo fue dirigido por un juzgado de la Audiencia Nacional que abrió diligencias por al menos una docena de delitos de corrupción.
La fiscalía denuncia una «connivencia de los ediles municipales y funcionarios con constructoras, obras y servicios energéticos» para conceder «adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los últimos dos años».
A cambio de estas ajudicaciones de obras públicas, los empresarios pagaban «comisiones ilegales».
Cayó un duro
Entre los 51 detenidos figura el ex ministro regional de Presidencia y Justicia de Madrid, Francisco Granados, un conservador que también fue alcalde del madrileño de Valdemoro.
Granados, mano derecha de la ex presidenta regional madrileña Esperanza Aguirre, dimitió hace ocho meses a la Asamblea de Madrid y de senador tras salir a la luz que había tenido una cuenta en Suiza de 1,5 millones de euros.
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