«Continuando con la política de protección de los trabajadores, nuestro (…) presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro, ordenó prorrogar la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2024», escribió el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba
El Gobierno de Venezuela prorrogó por dos años más un decreto que prohíbe los despidos de empleados, tanto del sector público como del privado, hasta 2024, informó este miércoles el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba.
«Continuando con la política de protección de los trabajadores, nuestro (…) presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro, ordenó prorrogar la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2024», escribió Torrealba en su cuenta de Twitter.
Esta extensión empezará a contar a partir del 1 de enero de 2023, con el fin de «proteger el derecho al trabajo».
«Los trabajadores amparados por el presente decreto no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción», reza el escrito.
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Venezuela cuenta con una Ley de Trabajo que establece el pago doble en caso de despidos injustificados y el cálculo de las prestaciones con base en el último salario.
El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) de Venezuela afirmó el pasado 16 de diciembre que durante noviembre se registraron 67 conflictos laborales, en su mayoría del sector educativo y sanitario, motivados principalmente por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo.
En la actualidad, el salario mínimo venezolano, la norma en la administración pública, es de 130 bolívares, unos 7,7 dólares al cambio oficial.
21 años de inamovilidad laboral
En el año 2001 se decretó por primera vez la inamovilidad laboral, a través del Decreto Nº 1.472, publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.298, de fecha 5 de Octubre de 2001.
Mediante este decreto se estableció como cláusula irrenunciable en beneficios de los trabajadores y trabajadoras tanto del sector público como del sector privado, inamovilidad laboral especial, hasta el 30 de noviembre de ese mismo año con motivo de estar realizándose el proceso de relegitimación sindical.
Desde entonces dicha medida se ha mantenido hasta ahora, prorrogándose un total de 25 veces.
Incluso antes del 2001, en el año 2000 la Asamblea Nacional declaró una inamovilidad laboral de condición especial, para atender a los trabajadores que quedaron en condición de damnificados por la tragedia de Vargas y en otros estados del país.
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