Las compañías de automóviles que están presentes en Venezuela vienen impulsado desde hace dos años un crecimiento en la importación de vehículos, impulsado por un leve incremento en la demanda pero se están encontrando que algunos de sus nuevos modelos no pueden comercializarse en el país porque sus motores requieren condiciones de la gasolina que no puede ofrecer la producción que está teniendo Petróleos de Venezuela (PDVSA) en sus procesos de refinación y requiere para por evaluaciones de certificación internacional ajustadas a las normativas ambientales actuales.
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A lo anterior se agrega que en todas predomina el criterio que ya en Venezuela resulta inviable reactivar una planta de ensamblaje porque el nivel de inversión sería elevado y una de las cargas comienza por el riesgo que se arrastra por el peso de las sanciones de los Estados Unidos, además del andamiaje legal e impositivo que encarece la estructura de costos.
A lo anterior se suma que la política de atracción de capitales por parte del gobierno hacia el sector automotriz está marcada por intensificar los acuerdos con China e Irán, pero no se menciona cómo el propósito con las compañías de Japón, Estados Unidos o la Unión Europea.
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