Fedecámaras se considera «blanco fácil» del Gobierno

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10 de febrero, 2014 - 5:52 pm
Redacción Diario Qué Pasa

Foto: Archivo

Caracas — El sector empresarial respondió al señalamiento que hizo el presidente Nicolás Maduro, en la cadena nacional del sábado pasado a Fedecámaras, Consecomercio y Venancham donde exigió cumplir con la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos, así como también acelerar los procesos de distribución de la mercancía, principalmente los alimentos.

El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig considera que la institución es un blanco fácil para los ataques que realiza el  Gobierno, así como también es utilizada para echarle la culpa de los problemas económicos en los que está sumergida la economía del país.

Del mismo modo, indicó que en los últimos años han desaparecido alrededor de 4 mil industrias, muchas de las expropiaciones que han sufrido miembros de la organización no han sido canceladas, y que la Ley de Costos y Precios Justos aprobada por el presidente Nicolás Maduro busca un andamiaje legal para continuar con esta política.

«Quiero pensar que el Gobierno no tiene a quién echarle la culpa, porque es una práctica común echarle la culpa al Gobierno anterior, debido a las acusaciones que hace el Gobierno contra mí y contra Fedecámaras como los culpables de los problemas económicos que atraviesa Venezuela».

«Todo lo que sea bueno para Venezuela es malo para ellos, y todo lo que sea malo para Venezuela es bueno para ellos, una fórmula mágica de la maldad, de la trilogía del mal, Fedecámaras, Consecomercio y Venamcham, les llegará su hora», dijo el jueves el presidente durante un Consejo de Ministros transmitido por televisión.

Maduro respondió así a la intención de Fedecámaras de introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en los últimos días una demanda de nulidad contra la Ley de Costos y Precios Justos, aprobada recientemente, y que fija ganancias máximas del 30% sobre los productos y penas de hasta 14 años para los acaparadores.

Fedecámaras y en particular Roig, han sido acusados por Maduro de realizar una «guerra económica» contra su gobierno y de buscar desestabilizar el país y su salida del cargo.

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