Foto: Agencias
Entre las propuestas de Fernández está una tarjeta de compensación temporal y la sinceración de los precios.
Maracaibo — Para el diputado a la Asamblea Nacional por el partido Copei, Pedro Pablo Fernández, el diálogo entre el Gobierno y los diversos sectores del país es positivo, pero a juicio del parlamentario, el Gobierno nacional está arraigado a un modelo económico «inviable».
QUÉ PASA entrevistó vía telefónica a Fernández, quien participó en la instalación de la Conferencia Nacional de Paz, la cual se realizó en el Palacio de Miraflores el pasado 26 de febrero, para conocer sus impresiones sobre las reuniones de paz y cuáles son las propuesta que para él se deben aplicar en materia económica ante la situación que atraviesa el país.
¿Le ve fruto al diálogo entre el Gobierno y los diversos sectores del país?
Puedo resaltar algunos aspectos positivos. Existe «una intención de diálogo por parte del Gobierno con el sector productivo, eso me parece importante, que se sienten a dialogar con respeto». Pero para el parlamentario, ese diálogo no está llevando al Gobierno a tomar las medidas que se deben para enfrentar la crisis económica «porque el Gobierno está demasiado comprometido con un modelo económico que está demostrando que es un modelo inviable, porque a pesar de la cantidad de recursos que recibe el país, hay inflación, desabastecimiento y una caída del aparato productivo».
Sin embargo, resaltó como positivo la instalación de la comisión agroalimentaria, en la cual se ha sentado al Gobierno con los productores agropecuarios del país. «Si esa mesa se hubiera instalado hace 15 años y hubiera venido funcionando, nosotros hoy tendríamos seguridad agroalimentaria garantizada para todos los venezolanos con abastecimiento completo, no haría falta tarjeta de racionamiento y estarían los precios accesibles a la gente», dijo Fernández, quien manifestó que pese a que se está montando tarde, es positivo.
Agregó que otro aspecto importante de esas reuniones fue el anuncio del Sicad II, pese a que «no se ha visto todavía un dólar del Sicad II y la situación de la industria y la empresa es dramática por la ausencia de dólares para comprar la materia prima que necesitan para producir, pero en todo caso es positivo».
También puntualizó que el modelo económico del Gobierno «fracasó porque es un modelo excluyente que plantea la lucha de clases. El modelo que yo propongo es un modelo de inclusión que ponga a los 30 millones de venezolanos a empujar la economía hacia adelante, sector público y sector privado, empresarios y trabajadores. Todos desarrollando una política de cooperación para que la economía crezca».
¿Pese a que el Gobierno está arraigado en su modelo, sí ve que pudiera ser flexible en algunas cosas?
«Lo está siendo en algunas cosas», producto de la situación que atraviesa el país, «pero no lo están haciendo por convicción, con toda la fuerza que lo tendrían que hacer».
¿Cuáles medidas se deberían adoptar?
Creo que hay que apuntar al cambio completo del modelo. Primero ha fijado una tasa de cambio a Bs. 6,30 por dólar con el cual les pagan a importadores para que traigan algo producido en el extranjero, por lo que hoy es más fácil importar que producir en el país.
En segundo lugar las expropiaciones, el Gobierno ha expropiado empresas y tierras que son productivas pasándolas a manos del Estado y ha caído la producción. (Citó como ejemplo Sidor, empresa en la cual se producía antes de que fuera expropiada 4 millones 500 mil toneladas de acero y tras la expropiación produce 1.500 toneladas, está produciendo un tercio de su capacidad).
Y el tercer factor son las trabas burocráticas que establece «un Gobierno que quiere controlar todo», y no puede controlar todo. Hoy hay empresas que no pueden producir porque no tienen dólares para comprar materia prima. El Gobierno establece excesivos controles para los productores y se les hace difícil producir.
El parlamentario dijo que la economía necesita un ajuste y que el Gobierno tiene unos controles de precio que están por debajo de los costos de producción.
Expresó que «el Gobierno está hablando de abrir el Sicad II, en el cual se van a ofertar dólares al mercado más o menos libres, con lo cual el dólar valdrá entre Bs. 45 y Bs. 50; eso también traerá como consecuencia un aumento de los precios porque todas las cosas que se hacen en el país, pero que depende de materia prima importada, tendrán que subir el precio».
En consecuencia, él plantea una tarjeta de compensación, la cual permitiría al Gobierno entregarle a las familias de clase media y de los sectores populares recursos que funcionarían como un cestatique, con los cuales la población venezolana tendría los recursos mínimos para comprar los alimentos y artículos de primera necesidad suficientes para garantizarles su subsistencia.
Explicó que la tarjeta sería una medida de compensación temporal, mientras la economía se ajuste y se logre reactivar el aparato productivo.
¿Por qué habría aumento en los precios con el Sicad II?
La industria funcionó el año pasado con dólares baratos que ha entregado el Gobierno a Bs. 6,30 y a Bs. 11, ellos con eso han comprado materia prima con la cual producen, ahora esa materia prima la van a comprar con dólares que van a tener que comprar a Bs. 40 o Bs. 50.
¿Pero eso no sería en todos los productos, sino en los que no entren en el Cencoex y Sicad I?
«Los productores no van a ver ni Cadivi ni el Sicad I, los productores van a ver los dólares en el Sicad II».
¿Por qué no verían esos dólares?
«Porque no hay… el dólar a Bs. 6,30 y a Bs. 11 son una quimera».
¿Qué productos se verían afectados?
«No está claro en qué productos afectará porque el Sicad II todavía deja algunas lagunas».
El diputado señaló que el problema es que el Gobierno nacional no tiene cómo mantener los precios de los alimentos y que hay un problema que contribuye con el desabastecimiento, el cual es el contrabando de extracción.
«Se calcula que entre 20 y 40% de los productos cuyos precios están regulados y se han mantenido bajos, salen al extranjero en contrabando. El Gobierno hace un esfuerzo enorme para mantener los precios bajos, pero al final muchos de esos alimentos» sirven para que algunas personas se los lleven a otros países y los vendan más costosos. «Es imposible que el Gobierno con ninguno de estos mecanismos lo logre frenar porque es un negocio demasiado lucrativo». Ni con la tarjeta de abastecimiento seguro, manifestó Fernández.
Aseguró que la única manera de detener el contrabando de extracción de alimentos y gasolina es sincerando los precios, y eso a su juicio, traerá como consecuencia un alza en los precios que no podrá soportarlo la clase media y popular «porque el salario no les está subiendo como la inflación», por ello plantea que el Gobierno en lugar de subsidiar a los importadores para que traigan comida barata del extranjero, permita que los precios suban y financie al consumidor a través de una tarjeta que funciona igual que el cestatique para que las personas tengan cómo comprar.
¿Esa tarjeta de compensación temporal se parecería a la de abastecimiento seguro?
La tarjeta que plantea el Gobierno restringe la capacidad de compra de la familia para que cada quien compre lo que debe consumir y no más. Y lo que yo propongo es que dejen que los precios se equiparen con el resto de las economías de los países vecinos, y financien directamente a los sectores populares y a la clase media.
¿Ese subsidio no tendría un costo alto para el Estado?
Tiene un costo menor para el Estado, que el subsidio al productor. El esquema de precios que está planteando el Gobierno genera una distorsión en la economía y está acabando con el aparato productivo. Con el esquema que propongo se reactiva el aparato productivo, se incentiva a los productores, se genera empleos y se genera riquezas para el país.
Indicó que además a largo plazo va a resolver el problema económico y no va a tener necesidad de financiar al consumidor más, porque una vez que se reactive la economía ya no hace falta la tarjeta de compensación.
¿Se deben ajustar los precios en algunos productos en particular?
Los controles de precio cuando generan una distorsión tan grande como la presente en la economía venezolana, que terminan destruyendo el aparato productivo, son negativos.
Hay momentos en los que se justifica un control de precios, cuando hay algunos productores que tienen monopolio, que tienen discrecionalidad de colocar el precio que quieran porque no tienen competencia. Lo que no se justifica es que el Estado tenga una política de control de precios indiscriminada que termina destruyendo la capacidad de producción del país, el empleo, el productor, las empresas e industrias.
¿Es decir que en algún momento sí debería eliminarse por completo el control de los precios?
En los casos en los que no hay competencia, donde el mercado no funciona bien, tiene sentido que el Estado intervenga para regular el precio, pero regular el precio que significa, que sea un precio razonable, que deje un margen de utilidad al que esté produciendo, pero que el consumidor lo pueda adquirir a un precio justo; allí se justifica el control de precios, por eso yo digo que no planteo la eliminación del control de precios en forma absoluta, porque creo que hay momentos en los que se justifica.
Hoy el Gobierno gasta una gran cantidad de dinero entregándoles dólares baratos a los importadores. Al entregarle a los importadores dólares a Bs. 6,30 y a Bs. 11 le está subsidiando por cada dólar que le entrega por lo menos Bs. 40 por dólar, porque el bolívar no vale Bs. 6,30 ni Bs. 11. Si el Gobierno a través del Sicad II oferta los dólares y permite que no haya bandas y que termine el bolívar colocándose a 50 por dólar, el Gobierno al vender esos dólares sin el subsidio a los importadores va a recoger una gran cantidad de bolívares que dan para financiar la tarjeta de compensación que propongo.
Mesas de diálogo
Con respecto a su participación en las mesas de diálogo económicas, indicó que ha tratado de hacer algunos aportes.
¿La propuesta que tiene la ha llevado a esas mesas de diálogo?
«Lo he planteado, se lo he planteado a todos los que han participado en estas mesas y la han venido planteando todos, porque esta es la misma propuesta que en buena parte de las cosas que yo estoy planteando las ha planteado Lorenzo Mendoza, Jorge Roig, Francisco Martínez».
¿A su juicio, cree que se debería sustituir la inamovilidad laboral por la estabilidad laboral?
«Completamente de acuerdo. La inamovilidad le genera un daño grande a las empresas, porque se calculó que entre 20% y 30% de los empleados que trabajan hoy a las industrias» no están cumpliendo sus labores. «Me parece que el Estado en una política de conservar los puestos de trabajo para no aumentar el desempleo, debería establecer la estabilidad», no permitir que una empresa elimine el puesto de trabajo, pero sí que pueda despedir a un trabajador que no esté cumpliendo con su labor, «por otro que quiera trabajar y ayudar a la empresa a producir».
Explicó que aquellos trabajadores que no cumplen sus funciones en las empresas, ponen en peligro el trabajo de los demás, «porque las empresas están viviendo momentos difíciles» y si los trabajadores no cumplen sus labores, la empresa termina cerrando y pierden sus puestos de trabajo aquellos que sí quieren trabajar.
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