El sector comercio no fue consultado para la evaluación e implementación del levantamiento de las exoneraciones de impuestos arancelarios, afirma la recién electa presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel.
Venezuela está a las puertas de su tercera reconversión monetaria desde 2008 y en medio del proceso de adecuación, el gobierno continúa aplicando un esquema de cuarentena 7+7 que pone a la economía a trabajar con intermitencia. Este es el principal factor que dificulta a los comercios preparar sus sistemas para la nueva redenominación del bolívar, que tendrá seis ceros menos.
El 5 de agosto, el Banco Central anunció finalmente la esperada reconversión monetaria, que entrará en vigencia el próximo 1º de octubre. El ente emisor exige que para esta fecha las empresas deben tener los precios, los salarios, prestaciones sociales, tributos, estados financieros, documentos contables y demás operaciones expresados en la nueva denominación del bolívar.
«El problema que tenemos es que muchas veces para esas cosas es necesario la presencia física, y si seguimos con la interrupción y la intermitencia del esquema 7+7 eso puede hacer más problemático el proceso», sostiene la recién electa presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, con quien conversó TalCual para conocer las opiniones e inquietudes de este sector sobre las más recientes medidas tomadas por el Ejecutivo.
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Consecomercio y la reconversión
– Pero, ¿dos meses, contando desde el 5 de agosto, son suficientes?
– Eso depende del tipo de comercio. Hay establecimientos que probablemente sí lo puedan hacer por su estructura, su tecnología y porque además disponen de servicios propios de, por ejemplo, contabilidad y administración. No olvidemos que esto se veía venir, por lo que algunas empresas ya fueron tomando precauciones.
Pero para los pequeños y medianos negocios, que dependen de tercerización para los procesos de adaptación de sus sistemas, el tiempo es corto.
– ¿Y ese proceso cuesta dinero?
– No hay problema si el establecimiento comercial tiene su propia estructura interna y su personal tanto de sistema como de contabilidad, pero para los negocios pequeños y medianos que, generalmente, subcontratan a empresas especializadas porque su estructura no resiste tener personal permanente en esas actividades, definitivamente va a representar un costo.
Pero el poder manejar mejor las cifras lo compensa. Eso, frente a no poder emitir una factura por tener una cantidad de ceros inmanejable, es su compensación.
– ¿Cree que la medida de la reconversión generará la confianza suficiente para la recuperación del bolívar y que los comercios dejen al dólar? ¿O la dolarización se convirtió en un proceso irreversible?
– Para que eso ocurra es muy importante contar con un elemento que se llama confianza y eso todavía no lo hay. Cualquier persona a la que usted le pregunte, por mucha reconversión que haya, va a preferir mantener su patrimonio en una moneda dura, en una que no pierda valor.
¿Qué sucede con la reconversión? Lo que estamos es quitándole ceros a la moneda, pero no estamos resolviendo la causa que genera los ceros, que es la inflación, y eso no lo estamos atacando y no hay ninguna demostración hasta ahora que lo estemos haciendo.
Tampoco podemos ni siquiera aportar ideas ni recomendaciones porque tenemos muchos años que no conocemos el balance del Estado, no conocemos el presupuesto, entonces, evidentemente, tenemos que fijarnos en las evidencias y no hay ninguna de que se esté pensando en combatir la inflación.
Se están haciendo algunas acciones, aisladas todas, pero que en ningún caso están atacando el problema estructural que genera los ceros en la moneda. Esos ceros los estamos eliminando en octubre y van a reaparecer si no se toman esas medidas.
Cuando nos reunimos con funcionarios del gobierno el primer punto que siempre tocamos es la inflación, además de que los comerciantes y los consumidores no disponemos de créditos, cuando la reactivación viene atada a una posibilidad de financiamiento.
– Muchos establecimientos grandes pasaron a ser medianos, y medianos a pequeños.
– Es correcto. Muchos que entraban dentro de la categoría de negocios grandes, con más de 500 trabajadores, se han reducido pero no producto de la pandemia, eso ya tenía unos cuantos años en contracción severa.
Probablemente no se ve tan dramático es las cifras porque la empresa, la razón social, no cierra, pero sí sucursales. Es decir, en número de empresas, la cifra es dramática pero no tanto como en unidades comerciales formales.
Por ejemplo, tenemos organizaciones comerciales que antes tenían 10 o 12 sucursales. En este momento, tienen dos o tres. Desde el punto de vista estadístico, la empresa no ha cerrado, pero se ha reducido.
Esos cierres han ocurrido principalmente en los estados que más problemas han tenido en materia de energía eléctrica, combustible, agua y conectividad. Todos esos problemas son un ingrediente más que muchas veces lleva al comerciante a decir que es mejor cerrar esa unidad comercial.
Y luego tenemos lo más dramático para nosotros y para el Estado también, que es la migración de muchas empresas de la formalidad a la informalidad. En Venezuela la formalidad es muy costosa. Hemos sufrido unos incrementos realmente voraces de impuestos municipales y algunos servicios públicos.
Debemos ser probablemente el único país del mundo que sufrió esos incrementos tan grandes en un momento de pandemia. Se le está invitando a la gente a pasar a la informalidad. Lo más grave aún es que todos aquellos emprendimientos que tienen ya dos o tres años, que superaron esa barrera difícil de los primeros tres y cuatro años, les es complicado crecer y expandirse por el mismo motivo.
Tampoco vemos que se le está dando el combate a la inflación, que está en unos niveles verdaderamente preocupantes, y no tenemos acceso a créditos por el encaje legal.
– La vicepresidenta y ministra de Economía, Delcy Rodríguez, celebró el 6 de agosto que las mesas de trabajo con el sector privado están y seguirán dando sus frutos. La primera medida que dijo que se tomó fue el levantamiento de las exoneraciones arancelarias a 597 códigos de productos.
¿Cree usted que esa medida tendrá algún impacto en el comercio, sobre todo tomando en cuenta que una buena parte del sector ha incorporado a su oferta bienes importados?
– Es importante señalar que no fuimos consultados para esta medida cuando otros sectores de la economía sí. Consecomercio no fue consultado para esto y las cámaras más sensibles en cuanto a estos ítems revisados tampoco fueron consultadas.
Es muy importante cuando se toman estas medidas hacer las consultas en todos los sectores que pudieran estar afectados porque las partidas arancelarias normalmente son genéricas y hablan de un tipo de producto con una determinada característica, y probablemente una parte de ese tipo de producto sí se produce en Venezuela pero otra parte no.
Entonces, cuando eliminas la exoneración a todo el renglón arancelario, estás perjudicando al consumidor porque va a tener que pagar más por un producto que además no se fabrica en el país. Estamos afectando al consumidor si no se ve el tema de manera global.
– La industria ha sido insistente en su solicitud de que se eliminen las exoneraciones de impuestos arancelarios a los productos que se pueden manufacturar en Venezuela debido a que la entrada libre de estos genera una competencia desleal con el sector productivo nacional.
¿El comercio también se ve de alguna manera perjudicada por esta situación?
– Lo que sigue afectando al comercio es el ingreso de productos terminados que no pasan por las aduanas, y ni siquiera con la eliminación de la exoneración esos productos pasarán por las aduanas. La competencia desleal también ocurre dentro del sector comercial.
Está el formal, cuya mercancía entra por las aduanas, pasa por todos los pasos que hay que dar y paga todo lo que tiene que pagar, mientras que hay una mercancía que está siendo comercializada que está ingresando al país por unos servicios en los que no pagan ningún tipo de arancel.
Nosotros estamos quitándole la exoneración a unos productos, con lo cual ese comerciante formal va a pagar los impuestos correspondientes, pero los productos que entran a través de servicios de courrier, de puerta a puerta, siguen exonerados.
Entonces ahí tenemos la competencia desleal. Ese decreto no está resolviendo eso, está empeorando la situación. Hay muchos alimentos y medicinas que se están vendiendo en algunas empresas comerciales que al no haber pasado los canales regulares no tienen los registros sanitarios y muchas veces se juega con la fecha de vencimiento.
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