En un comunicado

Conindustria: «Ley Antibloqueo es una estocada a la libertad económica»

Conindustria
22 de octubre, 2020 - 8:59 pm
Agencias

En un comunicado Conindustria se pone de manifiesto que la “discrecionalidad” impera en dicha ley, la cual ha sido promulgada por una ANC

La Ley Antibloqueo que recién promulgó la Asamblea Nacional Constituyente es considerada por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) un instrumento legal que no apoya ni auspicia la libertad económica ni la posibilidad de salida a la crisis.

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En un comunicado de la organización se pone de manifiesto que la “discrecionalidad” impera en dicha ley, la cual ha sido promulgada por una ANC que “no está revestida de la potestad necesaria para ejercer funciones legislativas en ese ámbito”, aseguran.

“Desde Conindustria, y en total apego a la defensa de los intereses de nuestros afiliados, manifestamos nuestro más categórico rechazo a este dispositivo jurídico que contraviene de manera expresa nuestra Constitución y obvia todos los pasos necesarios para que el mismo revista de la legalidad requerida”.

Para el gremio de industriales la Ley Antibloqueo adjudica más poderes al Ejecutivo de los que ya tienen bajo la figura del Estado de Excepción.

Nada de desarrollo
Criticaron el apartado que se refiere a favorecer “un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y elevar el nivel de vida de la población”.

“Como gremio representante de más del 80 % de la industria manufacturera nacional señalamos que tal objetivo luce totalmente distanciado de las causas que han originado la realidad actual de crisis”.

“Durante más de dos décadas, a través de otras regulaciones de carácter legal, impositivo y fiscal, ha ido incrementándose la hegemonía sobre el sector productivo, acorralando la libertad empresarial y poniendo freno a las libertades económicas expresadas en nuestra Carta Magna“.

“Preocupa también que en el marco legal recientemente aprobado, se pretenda, sin procesos de transparencia, la “reprivatización” de empresas que, en su oportunidad, fueron expropiadas o expoliadas, condenando las mismas a su paralización y posterior cierre, bajo un mecanismo de total opacidad y sin respeto a los derechos de defensa de la propiedad de sus legítimos dueños”.

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