Clínicas trabajaban con insumos «piches»

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10 de abril, 2014 - 12:37 pm
Redacción Diario Qué Pasa

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El Centro Clínico Los Olivos fue uno de los que incumplió los artículos 50 y 52 de la LCPJ por utilizar insumos vencidos o caducados

Maracaibo — Ayer, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) ofreció un taller para periodistas con el fin de actualizar información contentiva de la Ley Orgánica de Precios Justos. En ella, el coordinador regional del SUNDDE, One Soto, informó a QUÉ PASA que han fiscalizado 15 clínicas en el estado Zulia en las cuales han encontrado irregularidades.

Entre los centros de salud inspeccionados están el Centro Clínico Los Olivos, que incumplió el artículo 50 que dice: «Quien venda productos alimenticios o bienes vencidos o en mal estado, será sancionado con multa de 200 a 10.000 UT, sin menoscabo de las sanciones penales a que hubiera lugar» y el artículo 52 el cual reza: «Quien importe o comercialice bienes declarados nocivos para la salud y de prohibido consumo, será sancionado con prisión de 6 a 8 años».

El Centro Clínico Vera; Instituto Médico Quirúrgico y Venezolana de Salud Integral son otros que incurrieron con el mismo delito. Los cuatro fueron remitidos al Ministerio Público.

Aseveró que están inspeccionando algunas empresas que venden repuestos automotrices, compañías que venden o producen alimentos y algunos concesionarios de vehículos. Expuso que tienen un procedimiento abierto en un concesionario del municipio Cabimas «Automotor Cabimas», para darle continuidad a lo relacionado a la lista de clientes en espera por su vehículo, «a veces piden doble o triple del precio sugerido del vehículo, para entregárselo».

Precios de alimentos

El coordinador regional de la SUNDDE explicó que actualmente la superintendente Andreína Tarazón ha instalado mesas de trabajo con algunas empresas de importación y venta de productos textiles; allí se han evaluado los márgenes de ganancias máximos, logrando establecer un margen de ganancia —el cual depende del sector y estructura de costos de cada empresa— y se han firmado compromisos por parte de esas empresas. En ese sentido apuntó que en los próximos días estarán inspeccionando algunas compañías para verificar si se están cumpliendo con los convenios.

One Soto aclaró que hay mesas de trabajo donde se están evaluando los costos de producción y la solicitud que hacen los empresarios de ajustar precios, pero que hasta ahora no hay una publicación en Gaceta Oficial con los nuevos precios.

Poder Popular

Soto hizo un paréntesis para explicar la importancia de la participación del Poder Popular en las fiscalizaciones que realiza este organismo. Aclaró que «la Constitución respalda la participación de cualquiera organización, como los consejos comunales, sindicatos, organizaciones empresariales, estudiantiles, entre otras, dentro de estas políticas de prevención económica», por lo que aplaudió el trabajo de los líderes juveniles y fiscalizadores voluntarios que se han sumado a esta tarea.

Al taller asistieron empresarias zulianas, quienes manifestaron algunas de las inquietudes sobre la LCPJ, como el cálculo de ganancias dentro de las diferentes actividades económicas, el procedimiento y manejo de los costos, costos de nacionalización de la mercancía, entre otras.

En este sentido, Soto expuso la posibilidad de llevar a cabo un taller únicamente para empresarios, comerciantes u otros, con actividades afines para aclarar «estas dudas», junto a contadores, abogados y el resto del equipo del organismo, quienes trabajan de la mano con la gente para lograr el «freno a la guerra económica e incentivar a la producción».

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