El Salvador se convertiría en el primer país del mundo en usar Bitcoin como modena de curso legal

Bukele propone el Bitcoin como moneda legal en El Salvador

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7 de junio, 2021 - 11:45 am
Freddy Yance / [email protected]

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunció este fin de semana que el país centroamericano será el primero en el mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Bukele hizo una aparición por vídeo en una conferencia de bitcoin celebrada en Miami en la que aseguró que esta semana enviará una propuesta a la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Durante la conferencia Bitcoin 2021 se anunció que El Salvador se asociará con Strike, una empresa de pagos digitales, para crear una infraestructura financiera moderna basada en el bitcoin.

 

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Beneficios «a corto, medio y largo plazo»

«A corto plazo esto generará puestos de trabajo y ayudará a proporcionar inclusión financiera a miles de personas que están fuera de la economía formal y a medio y largo plazo esperamos que esta pequeña decisión nos ayude a empujar a la humanidad al menos de forma mínima en la dirección adecuada», dijo Bukele.

Sin embargo, Bukele no ofreció detalles sobre cómo se implementará el bitcoin -que tendrá que convivir con la divisa oficial de El Salvador, el dólar estadounidenses- como moneda de curso legal.

En una serie de mensajes en Twitter, Bukele defendió que la medida podría animar la inversión extranjera en El Salvador: «Bitcoin tiene una capitalización de 680.000 millones de dólares. Si el 1% de ello se invierte en El Salvador, eso incrementaría nuestro PIB en un 25%», escribió, sin explicar muy bien qué motivaría esa entrada de fondos.

6.000 millones de dólares anuales en remesas

También aseguró que la medida beneficiaría a la criptomoneda, que tendría «diez millones de nuevos usuarios potenciales» y la capacidad de facilitar la transferencia de las importantes remesas que los salvadoreños que residen en EE.UU. envían a su país.

Casi un cuarto de los ciudadanos de El Salvador trabajan en la potencia del Norte y envían 6.000 millones de dólares al año en remesas.

«Una buena parte de ese dinero se pierde en intermediarios», dijo Bukele. «Con el uso de bitcoin, las cantidades que reciben más de un millón de familias de bajos recursos aumentarán en lo equivalente a miles de millones de dólares cada año».

En la economía dolarizada de El Salvador, las remesas que envían salvadoreños desde el extranjero son un soporte importante y equivalen al 22% de su Producto Interno Bruto (PIB).

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Crecimiento de la economía

Además, Bukele justificó la adopción de bitcoin en que el 70% de la población de El Salvador no tiene cuenta bancaria y trabaja en la economía informal. «La inclusión financiera no es solo un imperativo moral, sino también una forma de hacer crecer la economía del país, dando acceso a crédito, ahorros, inversiones y transacciones seguras», dijo.

Bukele no dio indicaciones de cómo solucionaría la falta de apego de la criptomoneda con la economía real o la necesidad de equipamiento tecnológico para los usuarios, ni hizo referencia a las últimas sacudidas que ha recibido bitcoin, ni a sus fuertes fluctuaciones en los últimos meses.

 

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Ventajas financieras según el fundador de Strike

Jack Mallers, fundador de la plataforma Strike, dijo durante la conferencia que el uso del bitcoin puede ayudar a bajar los costos de las transacciones y a aumentar la inclusión financiera en un país como El Salvador donde una parte importante de la población no tiene cuentas bancarias.

«Adoptar una moneda digital nativa como moneda de curso legal proporciona a El Salvador la red de pagos abierta más segura, eficiente y globalmente integrada del mundo», dijo Mallers.

Mayoría en la Asamblea Legislativa

Bukele adopta esta medida, que le ha dado nueva relevancia y eleva su perfil en el sector de las criptomonedas, en un momento en el que combina una alta popularidad en el país y una creciente concentración de poder. Las elecciones del pasado febrero dieron a su partido una mayoría abrumadora en la Asamblea Legislativa, que Bukele ha utilizado para cambiar la formación del Tribunal Constitucional y expulsar al fiscal general del estado. Esas decisiones han provocado la condena de la Administración Biden.

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