Por Luis Fuenmayor Toro
La animadversión gringa con gobiernos venezolanos no es nueva, ni sólo de este siglo, ni tampoco es por la existencia de un gobierno autodenominado revolucionario y socialista.
EE. UU. siempre se ha atribuido con sus vecinos americanos la potestad de “supervisor”, “árbitro” y “juez” de sus actos. Ha sido amo y señor de nuestras naciones, considerándonos su “patio trasero”, conducta neocolonialista que está muy lejos de tener aceptación regional.
Nuestras naciones se han revelado y han enfrentado muchas veces la supremacía impuesta por la vía de las armas. Desde que existe como nación, y durante dos siglos, EE. UU. ha invadido en algún momento y, en otros casos muchas veces, a México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica; a Cuba, República Dominicana, Haití y Puerto Rico; a Colombia, Perú, Uruguay, Chile y Argentina.
El injerencismo gringo ha estado presente en todos los continentes y, por supuesto, en nuestro país. Tanto ha sido su entremetimiento en nuestros asuntos que, incluso en “El Laudo Arbitral de París”, que le entregó a Inglaterra el territorio Esequibo, los representantes de Venezuela en las negociaciones fueron designados por ellos, lo que hizo que no hemos reconocido la validez de dicho fallo y lucháramos durante años hasta lograr llevar el caso a la ONU y firmar el “Acuerdo de Ginebra” con Inglaterra, que restableció la discusión bilateral en relación al Esequibo.
La injerencia gringa ha ido desde cambios violentos de gobiernos, como el del golpe contra Medina Angarita, hasta las sanciones contra las actividades económico-financieras y productivo-petroleras de la nación y el apoyo de acciones ilícitas presentadas como obras de un inexistente gobierno en el exilio.
La agresión sufrida por nuestra patria ha sido constante y creciente desde hace dos décadas, con momentos en los que la intensidad de la misma ha dado saltos cualitativos importantes. En 2010, se produce una interrupción seria en las relaciones diplomáticas con la potencia norteña, al rechazar Venezuela al embajador presentado por la administración de Barak Obama, pues éste había dado unas declaraciones previas contra la FANB y falsas sobre la realidad del país. Ambos gobiernos mantuvieron sus relaciones desde ese momento sólo en el nivel de encargados de negocios. Ya desde 2008, el gobierno de George W. Bush había impuesto las primeras sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela.
Un nuevo salto de mayor agresividad gringa ocurre en 2015, cuando el mismo Obama declaró a Venezuela «una amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad nacional y a la política exterior de ese país.
No hubo ninguna explicación de por qué nuestro país era una amenaza para el coloso norteño; no se presentaron ningunas pruebas al respecto. El gobierno gringo lo decidió y punto. No se requería más nada, de la misma forma que se dijo que Sadam Hussein en Irak tenía armas de destrucción masiva, lo cual sirvió para invadir a ese país y asesinarlo.
Luego continuaron las sanciones a otros funcionarios públicos con el argumento de la existencia de violaciones de DD. HH. por la represión contra las protestas de 2014 y los fallecidos en las mismas, la prisión de Leopoldo López y la investigación abierta a María Corina Machado.
En 2019, Maduro rompe relaciones diplomáticas con EE. UU., en respuesta al reconocimiento que Trump le hace a Guaidó como presidente interino. Éste es otro salto cualitativo. La emigración de venezolanos hacia países hispanoamericanos y hacia EEUU comienza a ser usada contra el gobierno nacional.
Inicialmente, la oposición extremista apoya e impulsa la emigración, pues le sirve para demostrar que la gente huye del pésimo gobierno y de la persecución sufrida a manos del mismo. Presenta a los emigrantes como perseguidos políticos. Luego advierte a los gobiernos vecinos del peligro que significaría un incremento de éstos, para sus servicios públicos y el empleo. Y finalmente, acompaña la política de Trump de presentarlos como delincuentes peligrosos, miembros del Tren de Aragua, enviados por Maduro para desestabilizar a EE. UU. y otros países. De nuevo, sin ninguna prueba, sin ninguna decisión judicial y contrariando a sus propios servicios de inteligencia; sólo porque ellos lo dicen.
Y como esto no les parece suficiente, ahora resulta que Venezuela, que de vaina exporta petróleo y no tiene una producción industrial compleja, es fabricante de drones iraníes y sirve de refugio a varios Ayatolas y a empresarios y militares de ese país.
Somos aliados de Irán, enemigos del sionismo genocida israelí, lo que nos hace susceptibles de una agresión armada puntual por parte del Mossad, pues Israel siempre alega que tiene “derecho a defenderse”.
El cinismo y la traición son más que evidentes.
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