Por Dirwings Arrieta
La reciente postura de María Corina Machado ha desatado una ola de indignación entre defensores de derechos humanos y analistas políticos al manifestar abiertamente su apoyo a la deportación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos hacia las cárceles de El Salvador, en un proceso que elude los canales judiciales establecidos y viola principios fundamentales del derecho internacional.
Lo verdaderamente alarmante de esta situación es que, según se ha documentado, son muchas las personas que entre los deportados se encuentran en condición de inocencia, sin conexión alguna con la organización criminal conocida como el Tren de Aragua, pero aun así permanecen recluidos en el controvertido sistema penitenciario (las mazmorras) salvadoreño.
Esta posición resulta particularmente contradictoria viniendo de una figura que ha construido su carrera política sobre la supuesta defensa de libertades civiles y derechos fundamentales en Venezuela. El apoyo a medidas extrajudiciales representa una fractura en la coherencia discursiva de quien se presenta como abanderada de valores democráticos, especialmente cuando estas acciones afectan directamente a sus compatriotas en situación de vulnerabilidad migratoria. No se trata de una simple opinión política, sino de avalar procedimientos que contravienen principios básicos como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La controversia se profundiza al considerar que Machado también ha manifestado su respaldo a las severas medidas de sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump contra Venezuela, particularmente aquellas dirigidas al sector petrolero, que pudiera tener un impacto devastador en la economía del país y, consecuentemente, en la calidad de vida de millones de venezolanos. Este respaldo a sanciones económicas que han exacerbado la crisis humanitaria en su propio país revela una preocupante disociación entre el discurso de defensa nacional y las acciones que efectivamente benefician a la población venezolana.
El régimen carcelario de El Salvador ( mazmorras), bajo la administración de Nayib Bukele, ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de organizaciones internacionales debido a las condiciones de hacinamiento, maltrato y suspensión de garantías constitucionales. Apoyar el envío de venezolanos a estas instalaciones sin el debido proceso legal y derecho a la defensa,no solo constituye una violación de derechos fundamentales, sino que también contribuye a la criminalización generalizada de la migración venezolana, alimentando estereotipos perjudiciales que afectan a millones de personas que han abandonado su país en busca de mejores condiciones de vida.
La postura de Machado parece responder más a cálculos políticos coyunturales que a principios consistentes, su discurso en favor de alineamientos estratégicos con administraciones extranjeras. Esta instrumentalización de la justicia con fines políticos erosiona la credibilidad de su proyecto y plantea serias dudas sobre la naturaleza de las alianzas que está dispuesta a establecer para alcanzar sus objetivos.
La tragedia de estos venezolanos inocentes, atrapados en las cárceles extranjeras (mazmorras) sin las garantías judiciales básicas, representa un fracaso colectivo que trasciende fronteras e ideologías. Su situación exige una respuesta urgente basada en principios de justicia y humanidad, más allá de cálculos políticos o afinidades ideológicas.
El verdadero compromiso con la democracia y los derechos humanos se mide precisamente en estos momentos críticos, cuando defender lo correcto puede resultar políticamente inconveniente.
La historia juzgará con severidad a quienes, como María Corina Machado, han optado por sacrificar principios fundamentales en el altar de la conveniencia política, traicionando así la confianza de quienes los acompañaron en una opción distinta a la Revolución Bolivariana que dirige el presidente Nicolás Maduro.
Migrar no es un delito, las sanciones si.
Nosotros Venceremos…
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