Por Dirwings Arrieta
En el contexto político de Venezuela, la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde convalida el acto de proclamación del Concejo Nacional Electoral (CNE) luego de los resultados obtenidos el 28 de julio en las elecciones presidenciales, dando como ganador a Nicolás Maduro Moros, suscita a un intenso debate.
Sin embargo, es fundamental reflexionar sobre la importancia de acatar esta decisión ,no solo por el respeto a la institucionalidad del país, sino también por la necesidad de mantener la estabilidad de la democracia.
A lo largo de América Latina, hemos visto cómo los tribunales supremos han intervenido en la validación de resultados electorales. En Perú, el Tribunal Constitucional jugó un papel crucial en la resolución de crisis políticas; en Brasil, el Tribunal Superior Electoral fue determinante para asegurar la legitimidad de los procesos democráticos.
México, Guatemala y Ecuador también han tenido momentos en los que las decisiones de sus cortes supremas han sido vitales para consolidar la democracia.
Incluso en Estados Unidos, el fallo de la Corte Suprema en el año 2000 sobre la elección presidencial es un ejemplo de cómo la justicia puede intervenir en el proceso electoral, estableciendo precedentes que deben ser respetados.
Desconocer la decisión del TSJ en Venezuela no solo pone en riesgo la estabilidad política del país, sino que también socava la confianza en las instituciones. La institucionalidad es el pilar que sostiene cualquier democracia; sin ella, el caos y la anarquía pueden tomar el control. Quienes eligen no acatar estas decisiones se colocan en una posición de deslegitimación que puede tener consecuencias severas, tanto a nivel interno como en la percepción internacional del país.
Es importante destacar que el respeto a las decisiones judiciales no implica necesariamente un acuerdo con ellas. La disidencia y la crítica son componentes esenciales de una democracia saludable, pero deben ejercerse dentro del marco legal y respetando las instituciones. Ignorar las resoluciones de un tribunal supremo puede abrir la puerta a un ciclo de desconfianza y confrontación que solo perjudica al pueblo venezolano.
La situación actual de Venezuela exige un enfoque responsable y constructivo. La solución a los problemas del país no se encuentra en la desobediencia a la institucionalidad, sino en el fortalecimiento de la misma.
Es hora de que todos los actores políticos, tanto dentro como fuera del país, reconozcan la importancia de acatar las decisiones del TSJ y trabajen en pro de un diálogo que permita construir un futuro más estable y democrático.
La obligación de acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es un imperativo para quienes desean ver un país en paz y con un sistema democrático funcional. La institucionalidad es el camino hacia la reconciliación y el progreso del País .
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