Lo que se dice y lo que se hace

Por Luis Fuenmayor Toro

Los hechos, siempre los hechos. Allí están para demostrar la verdad, para desmentir opiniones y apariencias, para enseñarnos quién es quién en un momento dado. Mucha gente no es quien dice ser; los hechos demuestran quiénes en realidad son. Y lo hacen sin importar el escenario, sea éste marital, familiar, vecinal, amistoso, laboral, sindical, gremial, citadino, académico, artístico, deportivo o político.

Es claro que lo importante son los hechos, la realidad, no los discursos, ni las promesas, ni los arrepentimientos. Éstos siempre han existido y posiblemente siempre existirán o, por lo menos, lo harán por mucho tiempo. Pero, sólo tendrán relevancia cuando no estén en contradicción con las acciones de sus autores y cuando exista una correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace.

No se puede, ni tampoco se debe, tener un discurso sobre la existencia de un nuevo momento político en Venezuela, si se mantienen intactas las prácticas del pasado. Y no estoy entre los impacientes, es decir, considero que los cambios de conducta política llevan un cierto tiempo para hacerse reales y permanentes. Y mucho más, cuando los cambios iniciales necesariamente derivarán en otros muchos, más profundos, más importantes en relación con el contexto que se vive, más peligrosos y atemorizantes para quienes los deben llevar a cabo.

Otra cosa es que muchas veces se quiere cambiar, pero no se está realmente preparado para hacerlo. Es un simple deseo o un decir, que no irá mucho más allá de su expresión oral o escrita. Lo más frecuente es que la necesidad del cambio no ha sido realmente internalizada, por lo que no deviene automáticamente en un cambio de conducta positivo.

Y lo señalado le ocurre tanto a los integrantes del gobierno de Delcy Rodríguez, como a quienes se desempeñan desde el sector de la oposición política.

Ambos grupos han actuado tanto tiempo en un escenario distorsionado, que adaptarse a hacerlo en el escenario deseado puede ser muy difícil.

Otros elementos que se oponen a que los cambios se internalicen y se hagan conducta rutinaria de todos, son la soberbia y el autoritarismo, dos formas de comportamiento muy presentes en nuestra escena política, compartidos por igual por los extremismos gubernamental y opositor, y que no son nada fáciles de erradicar.

Se entiende que estas dificultades van a seguir presentes en el ambiente político por un tiempo, no necesariamente corto, pero no debemos transigir en aceptarlas como normales, como invencibles, pues entonces se quedarán sin ser corregidas.

Las violaciones del debido proceso, entre ellas la del derecho a la defensa, ocurridas durante años con Maduro y con Chávez, han estado entre las más graves habidas en ambos gobiernos. Es inaudito e inaceptable que se acuse a alguien de lo que sea y no se le permita defenderse, no se le diga claramente de qué se lo acusa, no se le permita acceso al expediente donde está la acusación, se le impida designar un abogado de confianza y en su lugar se pretenda que dicho nombramiento lo hagan los acusadores. Es decir, que el acusado tendrá en su contra al fiscal y a su propio abogado defensor. Eso se llama sepultar la justicia.

Esta aberración, muy frecuente en los casos por causas políticas, está entre las más condenables, por lo que no puede ser que esta práctica la siga ejecutando el gobierno, cuando éste ha dicho que hoy existe un nuevo momento político y tiene una consigna que afirma que «Venezuela renace».

Es en este sentido que no se puede aceptar lo ocurrido con el diputado Antonio Ecarri, quien fue destituido de la presidencia de un grupo parlamentario sin garantizarle el derecho a la defensa. Fue enjuiciado por una persona no necesariamente competente para ello y fue castigado por ésta sin habérsele demostrado la comisión de ningún delito, pues opinar no es un delito en Venezuela, ni siquiera cuando se opine contrariamente a lo establecido en la constitución. Pero, además, se le castigó sin oírlo, se le impidió que se defendiera, lo que hace nula la disposición adoptada.

Ecarri debería ir al TSJ, para ver si este organismo ya ha renacido con Venezuela y es capaz de dictar una sentencia ajustada a derecho. Y quiero dejar muy claro, que no estoy discutiendo sobre la dolarización de nuestra economía, ni sobre lo oportuno del planteamiento hecho por el diputado Ecarri, al cual tiene derecho como diputado y como ciudadano.

Lo mismo ocurre con algunas otras acciones del gobierno, que son más discurso que real compromiso de cambio. Lo planteo como un llamado cordial de atención. Y no digo que no se hayan producido cambios políticos importantes; eso sólo lo niega la oposición extremista. Exijo no reincidir en hechos ni conductas que debemos superar lo más rápidamente posible. Tenemos que ser vigilantes y evitar la prácticas de un pasado reciente bastante dañino para la nación.