Durante el primer semestre del año, el pago móvil se consolidó como el mecanismo de pago predominante en el país

El Banco Central de Venezuela (BCV) aumentó a 14 bolívares la comisión mínima obligatoria para todas las transacciones de pago móvil, un ajuste que no altera los porcentajes vigentes de entre 0,30% y 2%, pero que encarece significativamente el costo real de los pagos pequeños, que son la gran mayoría del día a día del venezolano.

El incremento del costo mínimo de una comisión pasó de 2 bolívares a 14, un incremento del 600%.

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Según la Gaceta Oficial número 43.427 de fecha 31 de julio de 2026, las operaciones P2P (Persona a Persona) tiene una comisión de 0,30% con un mo de 14 bolívares.

Este recargo es asumido por quien realiza el pago.

Por su parte, las transacciones Persona a Comercio (P2C) sostienen una comisión de hasta un máximo de 1,50%, mientras que los movimientos Comercio a Persona (C2P) promedian hasta un 2%; en ambos casos, el comercio absorbe el recargo mínimo de 14 bolívares.

Durante el primer semestre del año, el pago móvil se consolidó como el mecanismo de pago predominante en el país al concentrar el 63% de las operaciones electrónicas, desplazando el uso de los puntos de venta tradicionales.

Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), informó recientemente que esta herramienta supera picos de 8.500 transacciones por minuto y proyecta batir récord a finales de año.

El economista Hermes Pérez advierte que el impacto real de la medida se sentirá con mayor fuerza en las transacciones cotidianas de bajo valor.

Es decir, el nuevo esquema financiero genera un impacto regresivo, ya que la acumulación de transacciones diarias multiplica el gasto bancario de los usuarios.

En términos proporcionales, quienes perciben menores ingresos sufren una pérdida de poder adquisitivo significativamente más alta. Mientras que la tarifa fija de 14 bolívares resulta imperceptible para los sectores con mayor capacidad económica, representa una carga desproporcionada para la población vulnerable, cuyo presupuesto se diluye en comisiones al pagar bienes y servicios básicos de bajo costo.

Pérez explicó que, para un pago común de 200 bolívares -como la compra de un pan canilla o el pasaje del transporte público, la comisión fija de 14 bolívares se duce en un cobro real del 7% una cifra.

«Una comisión de 7% cada vez que se realiza una operación pequeña, es muchísimo. En cualquier parte del mundo es bastante. El impacto al final es grande. Entonces, como porcentaje, la operación realmente perjudica a las transacciones pequeñas», alertó.

El especialista aclaró que su crítica no va dirigida al aumento, sino a la magnitud del mismo.

Señaló que este incremento debió realizarse de forma escalonada para amortiguar el golpe en la población de menores recursos y salarios más bajos: «Pudo aplicarse un porcentaje de 50% o 100% hoy, en dos meses un 100% más, y así sucesivamente. Algunos dirán que 14 bolívares es poquito, pero es un 600% de incremento».

La nueva normativa establece además que cada intento fallido o rechazado de pago móvil descontará la tarifa mínima de 14 bolívares al usuario.

Ante las constantes fallas de electricidad, de señal e Internet en el país, el economista Manuel Sutherland calificó como «un exabrupto» penalizar los errores de conectividad en el presupuesto diario de los ciudadanos, por lo que considera que la medida debería eliminarse.

«Una transacción fallida puede ser por un problema de Internet, de conectividad, de servicio público, de electricidad o un error de una persona que no ve bien y puso un número aquí, un número allá. A mí me parece espantoso que se ejerzan acciones punitivas contra errores humanos o problemas en la infraestructura de servicios públicos que puedan ocasionar una pérdida de dinero a las personas», dijo.

El analista agregó que, bajo el contexto de pobreza generalizada que atraviesa el país, muchos ciudadanos viven con el dinero justo.

«Entonces, si tratas de hacer varios pagos móviles y te equivocas varias veces, puedes descontar el dinero que tenías guardado para pagar tu cuota de Cashea o lo que sea si estás muy ajustado de dinero».

«Estas cuestiones quizás deben tratarse en la mesa de diálogo, en la mesa técnica entre las dos asambleas, para tratar de pensar en una junta de economía con académicos, con economistas de prestigio e independientes, que puedan empezar a revisar estas medidas y proponer medidas alternativas que no castiguen a la población de esa manera y que no sean tan punitivas. A mí me parece un horror colocarle un impuesto al fallo en una transacción», añadió.

¿Riesgo de un golpe inflacionario?

Sutherland advirtió que el ajuste también pone en jaque a la actividad comercial del país, que en los últimos años se ha caracterizado por operar a volumen con márgenes de ganancia muy reducidos por la competencia y a la extrema debilidad de la demanda nacional.

Explicó que los comercios que asuman el costo de las operaciones P2C verán comprimidos sus ingresos totales, enfrentando trabas adicionales para la reposición de inventario y una preocupante disminución en su flujo de caja.

Alertó además sobre la naturaleza regresiva de esta estructura de cobros, a la que calificó como una tarifa «tipo avalancha» que se acumula y desliza a lo largo de toda la cadena de comercialización.

«Esa acumulación del 2% en cada eslabón puede llegar a transformarse en un 10% si intervienen cinco intermediarios. Si alguien le compra cebollas a un campesino para vendérselas a un mayorista, este a un distribuidor, el distribuidor al minorista y este último al consumidor final, estamos hablando de un incremento del 10% de un solo golpe en el precio de los productos, lo que generaría un impacto inflacionario fortísimo», detalló el economista.

Pérez y Sutherland coinciden en que un recargo en cadena de esta magnitud sobrecargaría el precio final pagado por el consumidor.

El resultado, concluyó Sutherland, sería una pérdida drástica del poder adquisitivo de la población y una contracción aún mayor de las ventas comerciales, dificultando la liquidación de mercancías y ralentizando la velocidad de rotación del capital en el país.

El encaje bancario y la búsqueda de ingresos alternativos

Para Hermes Pérez, este ajuste es el reflejo de una profunda distorsión macroeconómica que asfixia la actividad tradicional de las instituciones financieras.

El especialista explicó que, ante la imposibilidad de otorgar financiamientos de manera libre, el sector bancario se ha visto forzado a depender del cobro de servicios y comisiones para sostener su operatividad.

Pérez recordó que Venezuela mantiene el encaje bancario nominal más elevado del mundo, fijado en 73%, aunque advirtió que el encaje efectivo real es todavía mayor.

«A la banca le cuesta otorgar créditos porque el Banco Central bloquea la posibilidad de esos créditos; entonces, de alguna forma, busca ingresos de otra manera», sentenció el analista, vinculando directamente la paralización del crédito con el incremento en el costo de las operaciones cotidianas de los usuarios.

Por su parte, Sutherland coincidió en que la situación del sistema financiero venezolano es crítica. A su juicio, la banca nacional se encuentra «fundamentalmente en coma» tras años de restricciones y políticas de contención financiera por parte del Ejecutivo.

Sutherland coincidió en que el encaje nominal del 73% representa una medida abrupta que destruye la intermediación crediticia.

Explicó que el encaje real termina siendo superior a medida que los préstamos se actualizan al tipo de cambio oficial, lo que anula por completo el beneficio del spread bancario (la diferencia entre las tasas de captación y colocación) y arrastra al sector hacia la ruina.

Aunque el analista reconoce que el ajuste del pago móvil busca inyectarle oxígeno financiero a las entidades, rechazó el método implementado por el BCV.

«Se le está tratando de dar a la banca alguna tarifa adicional para darle algo más de dinero, pero esta no es la forma. Hay vías menos reaccionarias para hacer respirar al sector», señaló Sutherland, quien apuntó que la solución estructural pasa por una reducción drástica del encaje legal que reactive el flujo de préstamos productivos, una alternativa a la que el gobierno central se niega rotundamente.

A la par del pago móvil, el BCV autorizó incrementos de entre 575% у 700% en otros servicios bancarios esenciales, tales como la reposición de tarjetas de débito y las comisiones por gestión de extravío, consultas, trasnferencias, mantenimiento mensual de cuentas y de los puntos de venta, entre otras cosas.

Para Sutherland, este severo ajuste ocurre en un contexto de profunda contradicción oficial: mientras Delcy Rodríguez asegura que la economía venezolana acumula 21 crecimiento con alza del consumo, la realidad en la calle muestra un panorama completamente distinto.

Ese repunte macroeconómicono se ha traducido en bienestar social para una población que todavía sortea una situación de pobreza generalizada y severas dificultades para cubrir, incluso, el consumo de la canasta básica alimentaria, que para el pasado mes de julio superaba los 727 dólares, según datos ofrecidos por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

¿Usar o no el pago móvil?

Frente a este escenario, los especialistas ofrecieron una serie de recomendaciones prácticas para que los ciudadanos protejan sus ingresos y eviten que las comisiones bancarias pulvericen su presupuesto diario.

Pérez aconsejó suspender definitivamente el uso del pago móvil y de las transferencias tradicionales para transacciones pequeñas, idealmente aquellas inferiores a los 500 bolívares, sugiriendo en su lugar el retorno al dinero en efectivo para las compras cotidianas de bajo valor.

Asimismo, advirtió a los usuarios sobre la necesidad de prestar extrema atención al procesar cada operación para evitar los pagos rechazados o fallidos, al tiempo que recomendó moderar las consultas de saldo a través de los canales digitales para frenar el goteo constante de cargos administrativos.

Mientras que Sutherland planteó la necesidad de cambiar los hábitos de consumo cotidianos mediante una planificación más estricta de las compras.

El analista recomendó a los ciudadanos agrupar sus compras en una sola transacción grande para evitar las microcompras fraccionadas, impidiendo asíque la comisión mínima obligatoria se aplique de forma repetitiva en cada pago móvil ejecutado.

Sutherland también enfatizó la importancia de verificar minuciosamente la conectividad a Internet y los datos móviles antes de presionar el botón de envío, minimizando el riesgo de pagar tarifas por transacciones fallidas debido a caídas de la plataforma.

Finalmente, aconsejó a la población hacer el esfuerzo de retirar dinero en efectivo directamente a través de las taquillas bancarias donde las entidades no aplican cobros por retiro—, convirtiendo el uso de billetes físicos en una herramienta clave para ahorrar dinero y evadir el impacto de las nuevas tarifas digitales.

Las advertencias de ambos analistas coinciden en que la medida del ente emisor intenta paliar la crisis del sector bancario, pero afectando directamente las finanzas de la población más vulnerable.

Al encarecer el método de pago más popular del país, no solo se amenaza con pulverizar el poder de compra de los ciudadanos, sino también con desatar un efecto inflacionario dentro del sector comercial.

La solución estructural para reactivar las finanzas nacionales, concluyen los expertos, no debería ser aumentar la tasa en las transacciones cotidianas de la población, sino desmontar las severas restricciones del encaje legal para devolverle a la banca su verdadera capacidad de financiamiento y dinamizar la producción nacional.