Pese a contar con procesos migratorios pendientes

Las ONG Veppex y Amavex produjeron un informe para el Congreso de EE. UU. cuestionando las deportaciones de venezolanos

VEPPEX
25 de agosto, 2026 - 10:20 am
Agencias

VEPPEX y AMAVEX sostienen que las acciones contra organizaciones criminales deben sustentarse en investigaciones y evidencias individuales

 

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) expresaron preocupación por casos recientes de venezolanos detenidos en Estados Unidos pese a contar con autorizaciones de empleo o mantener procesos migratorios pendientes.

En un informe dirigido al Congreso estadounidense y al secretario de Estado, Marco Rubio, las organizaciones solicitaron que las decisiones de custodia sean evaluadas de manera individual y estén acompañadas de mecanismos efectivos de revisión.

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Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en procedimientos vinculados con el Tren de Aragua.

VEPPEX y AMAVEX sostienen que las acciones contra organizaciones criminales deben sustentarse en investigaciones y evidencias individuales.

Por ello, advirtieron que elementos como la nacionalidad venezolana, la apariencia física, los tatuajes o asociaciones circunstanciales no deben sustituir las pruebas que permitan demostrar una presunta vinculación criminal.

Las organizaciones también manifestaron preocupación por las remociones de migrantes hacia terceros países y solicitaron mayor transparencia sobre los acuerdos utilizados para ejecutar estos traslados, así como sobre las garantías legales y humanitarias disponibles para las personas afectadas.

Entre los casos mencionados está el acuerdo mediante el cual Liberia aceptó recibir hasta 1.200 nacionales de terceros países durante un período de 12 meses. VEPPEX y AMAVEX solicitaron información sobre la base jurídica de este procedimiento, las condiciones de recepción y los mecanismos empleados para evaluar individualmente los riesgos antes de una remoción.

Como parte de sus recomendaciones, las organizaciones plantearon acciones dirigidas al Congreso y a las principales agencias migratorias estadounidenses.

 

 

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