La decisión extingue formalmente toda la acción penal que pesaba sobre Afiuni y concluye un proceso judicial de más de una década
Una decisión judicial concedió la libertad plena y ordenó el cierre definitivo de la causa contra María Lourdes Afiuni. La medida pone fin a un proceso penal de 16 años de duración que marcó un precedente emblemático respecto a la independencia del Poder Judicial en el país.
A través de un comunicado, los familiares de María Lourdes Afiuni Mora confirmaron este viernes el cierre definitivo del proceso judicial en su contra y la restitución plena de su libertad.
El anuncio de la resolución fue dado a conocer por su hermano, Nelson Afiuni, tras la entrega del documento oficial en el domicilio familiar por parte de un funcionario público.
La familia sostuvo que el cierre del expediente constituye un paso importante, aunque advirtió que la decisión no elimina el impacto físico y emocional que la situación dejó en la jueza ni repara por sí misma los daños sufridos durante los años de persecución.
En Contexto
En diciembre de 2009, Afiuni fue detenida poco después de ordenar la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño.
En su momento, el entonces presidente Hugo Chávez pidió que fuera condenada hasta 30 años de prisión por haber tomado aquella decisión, cuando se supo que el banquero había huido del país rumbo a Miami inmediatamente después de ser liberado.
Eligio Cedeño era empresario y banquero venezolano, expresidente del Grupo CEDEL y del Banco Canarias, conocido por haber estado detenido en Venezuela por cargos de corrupción y delitos cambiarios que él y organismos internacionales catalogaron como de carácter político.
Cedeño llevaba tres años en prisión preventiva, acusado de ejecutar operaciones cambiarias ilegales.
«Yo exijo dureza contra esa jueza (…) Habrá que meterle pena máxima. ¡30 años de prisión pido yo a nombre de la dignidad de un país!», dijo Chávez en 2009, al tiempo que calificó a la exmagistrada de «bandida» y aseguró que «todo estaba montado».
«Le dije a la presidenta del Tribunal Supremo, a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho más grave un juez que libera a un bandido, que el bandido mismo», agregó el mandatario.
Afiuni, por su parte, aseguró que simplemente había aplicado la ley venezolana, que establecía entonces que nadie podía estar detenido más de dos años sin sentencia, así como una recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que había cuestionado la situación de Cedeño.
Pero eso no evitó su detención por parte de los servicios de inteligencia venezolanos y su posterior envío a una prisión, donde se encontraban numerosas mujeres a las que ella había juzgado y sentenciado por delitos como infanticidio, robo y narcotráfico.
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