Por Dirwings Arrieta
Como venezolano, y ante la magnitud de la tragedia que asola a mi país tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio de 2026, me veo en la obligación ética de manifestar mi más categórico rechazo a las recientes declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, al afirmar públicamente que la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto «tiene que hacerla Colombia», con todo lo que ello implica.
El mandatario electo no emite un gesto de solidaridad legítima entre pueblos hermanos, por el contrario, incurre en una intromisión inaceptable en los asuntos internos de una nación soberana.
Venezuela atraviesa hoy uno de los capítulos más dolorosos de su historia contemporánea, con un saldo trágico que supera los cuatro mil compatriotas fallecidos y comunidades enteras devastadas desde el litoral de La Guaira hasta la capital, Caracas. En este escenario de extrema vulnerabilidad, la reconstrucción del país es, y debe seguir siendo, una competencia exclusiva del Estado venezolano, sus instituciones y su pueblo. Toda asistencia internacional debe articularse desde el respeto mutuo y la horizontalidad, jamás desde la imposición ni bajo la sombra de un tutelaje extranjero que desprenden las palabras del líder colombiano.
El gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, actuó con la prudencia y la mesura que la alta diplomacia exige al calificar de «extrañeza» tales afirmaciones. Con ello, Caracas dejó claro que la República ya ha activado sus capacidades institucionales, técnicas y productivas para atender la emergencia.
Cualquier apoyo externo, en caso de ser requerido, se aceptará en términos de cooperación simétrica y nunca bajo esquemas de subordinación. Comparto plenamente la postura del Ejecutivo. Ningún Estado, independientemente de su proximidad geográfica o de sus lazos históricos, posee la prerrogativa de arrogarse un rol protagónico en la reconstrucción de otro sin que medie una solicitud explícita y formal.
Lo ocurrido este 11 de julio trasciende el simple exabrupto retórico; es un síntoma de la fragilidad con la que históricamente se han manejado las relaciones bilaterales. Colombia y Venezuela comparten una extensa frontera y un tejido social y cultural indisoluble que ha resistido severas tensiones en los últimos años. Pronunciamientos como el de De la Espriella solo consiguen añadir fricción a un vínculo que requiere su propia reconstrucción. Difícilmente se podrá sanar la relación vecinal si, desde el poder político entrante en Bogotá, se insiste en un discurso que roza la injerencia y desconoce el principio de no intervención consagrado en el derecho internacional. La gestión de una tragedia humanitaria exige cuidado, tacto y sensibilidad.
Los liderazgos políticos deben medir el alcance de sus palabras, sabiendo que estas se interpretan como un apoyo genuino o como un intento de aprovechamiento político de la desgracia ajena, lo que propiamente califica como rapiña política. Un presidente electo, incluso antes de asumir formalmente sus funciones, tiene la alta responsabilidad de sentar las bases de una vecindad constructiva, no de sembrar suspicacias que alimenten la desconfianza histórica.
Comente